El Banco Central de Bolivia certificó, a solicitud de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), que el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera cuenta con 701 millones de dólares, recursos que corresponden a los municipios y que se han acumulado durante 10 años a partir del descuento del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), según informó a EL DEBER el presidente de la FAM y alcalde de Tarija, Johnny Torres.
La autoridad sostuvo que el dato ratifica que se trata de dinero municipal y planteó que la salida más directa es que esos fondos sean devueltos a las alcaldías. “Hemos pedido una certificación al Banco Central de Bolivia y la entidad nos ha certificado que hay 701 millones de dólares por los descuentos. Eso es dinero de los municipios”, señaló. En ese marco, insistió en que el Gobierno debería restituir esos recursos para atender las crecientes necesidades de los gobiernos municipales. “Devuélvannos ese dinero para afrontar todas las necesidades crecientes que tienen los municipios. No hay un solo municipio que le vaya a decir: ‘a mí me sobra la plata’”, afirmó.
Torres aseguró que el pedido ya fue planteado al Ejecutivo, aunque hasta el momento no hubo respuesta. EL DEBER consultó sobre este tema a la Vocería presidencial y al Viceministerio de Autonomías, pero no obtuvo una posición oficial.
El fondo al que se refiere la certificación fue creado mediante la Ley 767, de 11 de diciembre de 2015, denominada Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera. Esa norma establece en su artículo 12 que, antes de la distribución a las Entidades Territoriales Autónomas, universidades públicas y demás beneficiarios, el FPIEEH se financia con el 12% de los recursos del IDH.
Para el experto en autonomías y descentralización Fabián Yaksic, el mecanismo aplicado durante estos 10 años no generó los resultados esperados y, por el contrario, afectó a los niveles subnacionales. En criterio del también concejal de La Paz, la evidencia muestra que no hubo retorno efectivo de esos recursos en inversiones para exploración. “El resultado está a la vista. Son 10 años que se han confiscado estos recursos del IDH y está claro que no hubo ningún resultado, no hubo ninguna inversión porque exploración hidrocarburífera es lo que menos hubo. Fue un fiasco y es parte de las políticas erráticas en materia de hidrocarburos”, afirmó.
En medio de este debate, las alcaldías todavía no tienen claridad sobre cómo se aplicaría una eventual redistribución 50/50 de los recursos públicos entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas a partir de 2027. Hoy, la distribución de los recursos del IDH y otros impuestos es de 75% para el Gobierno central, 20% para las alcaldías y 5% para las universidades, recordó Torres.
El alcalde de Tarija añadió que, si se concreta una redistribución equitativa, las alcaldías podrían contar con un 25% de esos recursos, lo que permitiría atender mejor las demandas de la población. La última reunión entre el presidente Rodrigo Paz y los alcaldes de ciudades capitales, realizada el 29 de septiembre, dejó como acuerdo avanzar en una agenda 50/50 con enfoque diferenciado, tomando en cuenta las características regionales, económicas y poblacionales de cada municipio. Para ese trabajo se instalaron mesas técnicas encargadas de analizar cada caso.
