La justicia brasileña ha iniciado un procedimiento para solicitar información y establecer responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos) en el marco de una demanda civil que supera los 220 millones de dólares. Esta acción está vinculada al accidente del vuelo 2933 de LaMia ocurrido en noviembre de 2016, que resultó en la muerte de 71 personas, con seis sobrevivientes.
Naabol recibió la notificación el 14 de octubre de 2025, y posteriormente, el 20 de octubre, se remitió formalmente al procurador general del Estado en ese momento, Ricardo Condori. Sin embargo, tras el cambio de gobierno ocurrido el 8 de noviembre, la responsabilidad del caso pasó a manos de nuevas autoridades que aún no se han pronunciado al respecto. Por su parte, el abogado representante de varias familias de las víctimas, Néstor Higa, ha manifestado su postura sobre el proceso.
El Juzgado Federal de Chapecó, ubicado en Santa Catarina, Brasil, emitió el exhorto suplicatorio, solicitando que Bolivia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades competentes, entregue toda la documentación relacionada con la investigación del siniestro del 28 de noviembre de 2016. En ese accidente, la aeronave CP-2933 de LaMia se estrelló en Cerro Gordo, Colombia.
De acuerdo con el documento oficial enviado por Naabol a la Procuraduría, la demanda brasileña atribuye responsabilidades a varias instituciones bolivianas, incluyendo a Naabol, la extinta AASANA y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). La suma reclamada asciende a 1.213 millones de reales brasileños, equivalentes a aproximadamente 1.537 millones de bolivianos o 220,7 millones de dólares, según la tasa de cambio oficial.
El abogado Higa explicó que el exhorto suplicatorio es un trámite judicial mediante el cual un juez de un país solicita a otro Estado la entrega de documentos o la realización de un procedimiento judicial. En este caso, Brasil requiere acceso a todos los informes generados tras el accidente. Higa enfatizó que el Estado boliviano está obligado a cumplir con esta solicitud, ya que se trata de un proceso entre Estados.
El accidente del vuelo 2933 tuvo un impacto significativo en el ámbito deportivo internacional. La aeronave transportaba al equipo brasileño Chapecoense con destino a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. De las 77 personas a bordo, 71 fallecieron. Las investigaciones concluyeron que la principal causa del siniestro fue la falta de combustible, una irregularidad que había sido advertida previamente en relación con las operaciones de LaMia.
La aeronave, registrada en Bolivia, operaba como un vuelo chárter y había sido contratada por otros equipos destacados, como Atlético Nacional y la selección argentina. La continuidad de las operaciones de LaMia pese a estas irregularidades ha generado cuestionamientos sobre la regulación aeronáutica vigente en ese período.
Higa insistió en la obligación de Bolivia de remitir la información solicitada: “Se han cumplido los requisitos formales y la documentación debe ser enviada. Este proceso se inició en 2017 y continúa en curso”
