La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) ha manifestado su inquietud frente a las implicaciones del Decreto Supremo N.º 5503, subrayando la necesidad de implementar cambios estructurales para proteger la viabilidad del transporte pesado y asegurar el flujo adecuado de mercancías a nivel nacional. En un comunicado oficial, el sector planteó una serie de exigencias dirigidas al Gobierno, instando a una atención inmediata a sus planteamientos.
Entre las principales solicitudes se destaca el reconocimiento del transporte de carga internacional como un sector productivo, lo que facilitaría el acceso a créditos bancarios con condiciones preferenciales y otros mecanismos financieros adaptados a las dificultades económicas actuales. Además, reclamaron la aplicación efectiva del diferimiento de créditos bancarios, dada la presión financiera que atraviesa el sector.
El abastecimiento de combustible constituye otro punto crítico en la agenda de demandas. Los representantes del transporte pesado exigieron un suministro constante y oportuno de diésel, así como una mejora en la calidad del combustible de alto octanaje, argumentando que las deficiencias actuales repercuten negativamente en la operatividad y los costos de sus actividades.
En materia fiscal, la Cámara solicitó una reducción significativa en los gastos públicos, proponiendo una disminución del 50% en los salarios de todos los funcionarios públicos como una medida concreta para reducir el déficit fiscal. Asimismo, plantearon la necesidad de ajustar el tipo de cambio oficial para reducir la brecha existente con el tipo de cambio de mercado, dado que esta diferencia afecta directamente a un sector cuyos servicios se cotizan en dólares estadounidenses.
A pesar de la firmeza en sus demandas, Cadetran reiteró su disposición al diálogo y enfatizó que su objetivo no es la confrontación, sino la creación de condiciones reales que permitan la continuidad de sus operaciones y el aseguramiento del abastecimiento en todo el país.
El sector hizo un llamado urgente a las autoridades para que atiendan sus requerimientos, advirtiendo que la falta de medidas oportunas en la transición hacia precios reales podría poner en riesgo la continuidad de unidades productivas esenciales para la economía nacional
