El jefe de bancada de Camino al Cambio, Marco Gutiérrez, admitió que la disputa por el presupuesto de la Gobernación de Tarija para 2027 terminó perjudicando a la ciudadanía y dejó en evidencia, a su juicio, la falta de voluntad política para resolver a tiempo una obligación institucional. “Le debemos una disculpa a la gente”, dijo el asambleísta departamental al referirse a un conflicto que se prolongó durante semanas y que, según señaló, debió cerrarse antes.
En entrevista con el programa Parlamento de elpaís.bo, Gutiérrez aseguró que el presupuesto ya fue aprobado y registrado ante el Ministerio de Economía, aunque cuestionó algunas modificaciones introducidas durante su tratamiento, a las que calificó de ilegales. Pese a esas observaciones, sostuvo que los cambios no anulan los aspectos que considera relevantes para la gestión del próximo año.
El legislador habló de un techo presupuestario cercano a los 595 millones de bolivianos y defendió la propuesta del Ejecutivo departamental, al afirmar que responde al programa de gobierno de Camino Democrático para el Cambio (CDC). Frente a las críticas de la oposición por la ausencia de actas de socialización, argumentó que la normativa no las establece como un requisito imprescindible y recordó que más de 40 sectores habían pedido que el presupuesto fuera tratado en sesión.
Entre las prioridades que destacó mencionó un incremento del 264% en el presupuesto de salud respecto a 2026, la recuperación del Plan de Empleo Urgente con un enfoque productivo y un monto de algo más de siete millones de bolivianos, además de un aumento del 64% en programas sociales. También citó iniciativas de gobierno electrónico y la creación de un programa departamental de salud mental. No obstante, precisó que esas cifras corresponden a la descripción que él hizo del presupuesto y que deben contrastarse con el documento aprobado y sus anexos para verificar los montos efectivos y la disponibilidad de recursos.
Más allá del debate presupuestario, Gutiérrez planteó que la Asamblea Legislativa Departamental necesita revisar su funcionamiento y recuperar atribuciones que, en su criterio, han quedado relegadas. “La Asamblea no puede legislar por legislar”, afirmó al cuestionar la aprobación de normas que asignan recursos sin garantizar capacidad de ejecución, invaden competencias de otros niveles de gobierno o quedaron desactualizadas por cambios normativos.
En esa línea, explicó que Camino al Cambio trabaja en una propuesta preliminar para iniciar el saneamiento legislativo de alrededor de 100 leyes departamentales. Según dijo, la revisión no implicaría necesariamente derogar todas esas normas, ya que algunas podrían fusionarse, modificarse o actualizarse, mientras que otras deberían ser eliminadas.
El asambleísta también cuestionó el reglamento interno de la Asamblea, al que calificó como una copia deficiente del reglamento de la Cámara de Diputados, con contradicciones y vacíos que afectan el trabajo legislativo. A su criterio, esas reformas deberían abordarse antes de que concluya el año. En paralelo, pidió una fiscalización que vaya más allá de las declaraciones públicas y de los episodios mediáticos. Aseguró que su bancada investiga infraestructuras departamentales abandonadas o sin utilidad y anticipó que buscará impulsar su rehabilitación.
Gutiérrez reiteró además su respaldo a la reducción de la cantidad de asambleístas departamentales y a la eliminación de los escaños suplentes. Considera que la actual composición, de 30 titulares y sus respectivos suplentes, genera un gasto innecesario y ralentiza el trabajo institucional. Sin embargo, admitió que ese cambio depende de pasos jurídicos y políticos aún pendientes. Según explicó, en agosto la bancada acudió al Tribunal Constitucional para solicitar una declaración que permita avanzar con la ley aprobada en la anterior legislatura, habilitar un referéndum y modificar el Estatuto Autonómico. Dijo también que la falta de quórum en el tribunal impide resolver el asunto y pidió a los representantes nacionales de Tarija que ayuden a gestionar una solución.
Otro frente sin salida clara, según el asambleísta, es la distribución del 45% de los recursos departamentales que reclaman las provincias. Afirmó que el debate se está postergando y anticipó que podría reordenarse cuando avance la discusión nacional sobre el pacto fiscal. A su juicio, una eventual coparticipación tributaria nacional no resolverá necesariamente la distribución interna de regalías e ingresos por hidrocarburos, porque se trata de fuentes distintas. También advirtió que las posiciones podrían estruct
