El ex ministro de Defensa Javier Zavaleta fue convocado por el Ministerio Público para prestar su declaración informativa el próximo 16 de noviembre, dentro del denominado caso radares, una investigación abierta por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo, conocido como Sidacta.
De acuerdo con el requerimiento emitido por el fiscal Franklin Alborta, Zavaleta deberá presentarse en dependencias de la Fiscalía, en la ciudad de La Paz, en calidad de investigado. Su citación se da en el marco de un proceso que ya involucra a otras exautoridades del área de Defensa y que busca establecer posibles responsabilidades en una de las contrataciones más observadas de los últimos años.
Zavaleta ocupó el cargo de ministro de Defensa entre el 23 de enero de 2018 y el 11 de noviembre de 2019, durante el tercer gobierno del entonces presidente Evo Morales. Según los antecedentes del caso, durante su gestión habría firmado adendas y ampliaciones contractuales que ahora son parte de la investigación por el presunto perjuicio económico al Estado.
La pesquisa también alcanza a los exministros Reymi Ferreira, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, este último bajo detención domiciliaria desde el pasado 30 de octubre. Además, la denuncia presentada por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, involucra a otras 15 personas, entre exautoridades, exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
Justiniano alertó sobre un presunto daño económico superior a los Bs 1.478 millones, derivado de las irregularidades detectadas en el proyecto de implementación del sistema de radares. Ese monto es uno de los elementos centrales sobre los que el Ministerio Público pretende profundizar para determinar el alcance de las responsabilidades.
El proyecto fue adjudicado en 2015, durante el gobierno de Evo Morales, a la empresa francesa Thales, encargada de la provisión e instalación de 13 radares destinados al control del tránsito aéreo y al fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. El contrato fijaba un plazo de 31 meses para la entrega y puesta en funcionamiento del sistema, pero la ejecución se extendió hasta 82 meses, en medio de retrasos, observaciones técnicas y presuntos incumplimientos que ahora forman parte de la causa penal.
Con la citación a Zavaleta, el Ministerio Público avanza en la toma de declaraciones dentro de un proceso que apunta a esclarecer las contrataciones, modificaciones y ejecución del Sidacta, así como a establecer si existió o no el daño económico denunciado.
