El censo agropecuario en Santa Cruz continuará más allá del plazo inicialmente previsto y se extenderá hasta fin de año con el objetivo de asegurar la calidad y cobertura de la información levantada por los empadronadores. Aunque el cronograma establecía 45 días de operativo, con cierre el 20 de noviembre, el trabajo de campo seguirá en aquellas zonas productivas que requieren una segunda visita.
La decisión responde a la necesidad de completar el barrido total de las unidades productivas en áreas con mayor cantidad de predios y con amplia extensión territorial. Según explicó el encargado departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santa Cruz, Sebastián Méndez, en paralelo al levantamiento de datos se realiza un monitoreo de calidad que incluye revisitas para verificar la información recabada.
Méndez señaló que el propósito central del operativo es reunir toda la información estructural de las unidades de producción agropecuaria, con el fin de actualizar las estadísticas oficiales del sector. En ese sentido, remarcó que hay zonas productivas que deben ser cubiertas al 100%, especialmente por los datos que están proporcionando los productores.
El funcionario destacó además la importancia de este proceso, al tratarse de la cuarta vez que se realiza en el país y después de 13 años. A su juicio, la información obtenida permitirá contar con una radiografía más clara de la actividad agropecuaria y servirá como base para la formulación de futuras políticas.
“Estamos volviendo a actualizar todo el rubro agropecuario, un marco censal nuevo, nuevas estadísticas oficiales, para poder dar información de utilidad a los tres niveles de gobierno y los productores para poder planificar a futuro”, sostuvo.
Santa Cruz, recordó Méndez, es un departamento con grandes extensiones dedicadas a la producción, lo que exige una mayor cantidad de personal y una distribución del operativo en función de la extensión territorial de cada municipio y de las zonas productivas identificadas. Entre ellas mencionó al municipio de Charagua, en el sur, por ser el de mayor extensión territorial del país, así como a Yapacaní, al norte, donde existen numerosas unidades de producción agropecuaria que deben ser censadas. A ello se suma la Chiquitania.
“Son zonas productivas que tenemos que barrer por su extensión territorial y por la cantidad de unidades productivas que tienen”, afirmó.
Para este trabajo en el departamento se desplegaron 618 empadronadores, 202 jefes de brigada, 88 jefes de área agropecuaria y 56 jefes municipales, además del personal de la oficina del INE que apoya el desarrollo de todo el operativo.
