La incineración de madera boliviana retenida en Chile, en el marco del caso conocido como “narcomaderas”, avanza en medio de la preocupación del sector maderero y de los cuestionamientos planteados por las empresas afectadas. Pese a los pedidos para frenar la quema de los cargamentos incautados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, el proceso comenzó el 3 de septiembre con un contenedor de prueba y se reanudó el 11 de septiembre con otros cinco cargamentos.
De acuerdo con la información difundida por el medio chileno El Mostrador, el Servicio de Salud de Arica dio inicio a la incineración con ese primer contenedor y luego continuó con otros cinco, correspondientes a un total de 48 contenedores que siguen retenidos. Las primeras seis cargas destruidas, según esa versión, fueron aquellas que no contaban con representación legal en Chile dentro de los procesos investigativos, que se mantienen bajo reserva.
La reacción en Bolivia no se hizo esperar. La defensa de 15 de las 21 empresas madereras involucradas pidió a la Fiscalía Regional chilena que suspenda cualquier medida destinada a destruir las cargas que aún permanecen retenidas. Los empresarios sostienen que el caso “está viciado” y cuestionan los informes del Instituto de Salud Pública (ISP), al afirmar que no detectaron impregnación con droga, sino únicamente “trazas” de entre 5% y 10%, una proporción que consideran insuficiente para sustentar una operación de narcotráfico.
Entre las firmas que optaron por la vía judicial figuran Andina Forestal SRL, Bolprow SRL, Bolivia S.A., Expres Wood, Manurini Eco Import Export, Multipando, Siempre Verde, Maderera Zalles, Realwood SRL y Río Yata Madera Import Export S.R.L., entre otras.
El procedimiento, sin embargo, continúa bajo estricta reserva. El propio medio chileno señaló que presenció el segundo operativo realizado el 11 de septiembre en la explanada de quemas de sustancias ilícitas en Pampa Concordia, cerca de la Ruta A-13. También indicó que las próximas incineraciones se harán sin notificación a los propietarios de las cargas y bajo un acuerdo de confidencialidad para los funcionarios públicos involucrados. Según esa información, una filtración podría derivar en un proceso penal.
En cuanto al marco legal, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero explicó que la normativa chilena fija un plazo de 30 días desde el comiso para destruir las sustancias, aunque en este caso se pidió una ampliación porque no era posible completar el procedimiento dentro de ese periodo. Por esa razón, el plazo fue extendido a 120 días.
La periodista chilena Ximena Astudillo, que ha seguido el caso, señaló que se trata de un procedimiento autorizado por la legislación de Chile y que, cuando existe un certificado del ISP que determina la presencia de una sustancia ilícita, se activan protocolos específicos para la carga, incluida su destrucción. Esa explicación fue recogida por Red Uno.
El origen del caso se remonta a junio, cuando se conoció que en un operativo en puertos chilenos se habría incautado un cargamento de madera de 1.080 toneladas procedente de Bolivia. Según las autoridades chilenas, en esa carga se habrían detectado 108 toneladas de droga impregnada. Sin embargo, en julio el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que las pericias practicadas a las maderas dieron negativo para la presencia de drogas. Más tarde, el 26 de agosto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las autoridades chilenas no demostraron científicamente la presencia de sustancias controladas en el cargamento.
El impacto del caso también alcanzó el plano político y económico. El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió al gobierno chileno esclarecer lo ocurrido y planteó que, si las investigaciones confirman errores en los procedimientos o en los análisis realizados, Bolivia debería recibir un resarcimiento por el daño causado a su imagen y al sector maderero. Quiroga dijo haber recibido informes elaborados por especialistas contratados por exportadores bolivianos, en los que se cuestiona la correspondencia entre los primeros análisis de trazas y los resultados de laboratorio presentados posteriormente en Chile.
Mientras las incineraciones continúan bajo reserva, el caso sigue generando inquietud entre las empresas exportadoras bolivianas, no solo por el daño reputacional, sino también por el impacto económico que ya ha provocado y por el
