Un violento conflicto minero conmocionó recientemente una zona fronteriza entre dos municipios de Cochabamba, donde un enfrentamiento armado entre trabajadores de comunidades locales dejó un saldo de dos fallecidos y al menos seis personas heridas por disparos. El choque tuvo lugar en el área limítrofe entre Tapacarí e Independencia, involucrando a habitantes de Villa Pereira e Icoya.
De acuerdo con informes iniciales de la Policía, la disputa se originó por el control de un yacimiento minero operado por una empresa con contrato vigente. Entre las víctimas fatales se encuentra Castro Zeballos Cruz, mientras que los heridos, quienes recibieron atención médica en centros de salud cercanos, incluyen a Pablo Ramallo Mamani, Isidora Pava Liendro, José Luis Velasco Mamani, Sandio Condori Tomás, Pedro Tomás Mamani y Teodora Cabezas Condori. Cinco de ellos fueron trasladados al Hospital Obrero N.º 2, donde permanecen en recuperación por heridas en distintas partes del cuerpo.
El gobernador regional confirmó que el conflicto estalló en una zona donde existen varias cooperativas y concesiones mineras, y atribuyó el origen del enfrentamiento a una disputa por la explotación de un yacimiento bajo contrato oficial entre ambos municipios. Hizo un llamado a las comunidades involucradas para que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo, lamentando el uso de armas de fuego que derivó en pérdidas humanas irreparables.
Por su parte, el secretario departamental de Minería precisó que la confrontación no ocurrió dentro de la comunidad de Kami, sino en las localidades de Villa Pereira e Icoya, en la línea divisoria entre Tapacarí e Independencia. En este lugar opera la concesión minera Santa Marta, perteneciente a la empresa Barolivia, dedicada a la extracción de baritina (sulfato de bario). El conflicto habría surgido tras la demanda de algunos comunarios para que la compañía abandone la zona.
Las autoridades informaron que la Policía del Valle Bajo inició las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables de los disparos y determinar los grupos involucrados. Asimismo, la Gobernación solicitó la intervención de la Jurisdicción Administrativa Minera, entidad facultada para suspender temporalmente las actividades extractivas en áreas de conflicto, especialmente tras confirmarse las muertes.
Un equipo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y efectivos policiales de la región se desplazaron al lugar para efectuar el levantamiento legal de los cuerpos y continuar con las pesquisas correspondientes. Mientras tanto, las autoridades locales reportan un ambiente tenso en las comunidades aledañas y han solicitado refuerzos para prevenir posibles nuevos enfrentamientos
