La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores presentó un informe preliminar sobre el caso de las “maderas presuntamente impregnadas con sustancias controladas” y concluyó que no existe físicamente la cantidad de supuestas sustancias controladas reportadas desde Chile.
El presidente de esa instancia, Nicanor Cochi, afirmó que los elementos expuestos por el fiscal regional de Arica y Parinacota no son contundentes para sostener la versión de que la madera boliviana habría sido impregnada con droga. Según explicó, en las verificaciones realizadas se encontró un porcentaje de 0,5% y, en algunos casos, rastros de ketamina o paracetamol, lo que —dijo— no coincide con el informe que hablaba de ocho toneladas de madera impregnadas con 108 toneladas de supuesta cocaína. Cochi insistió en que, tras la revisión hecha por la comisión, no existe en físico esa cantidad de sustancia controlada, ya sea cocaína o cocaína base.
El caso salió a la luz en junio, cuando autoridades chilenas informaron que la droga estaría impregnada en más de 1.000 toneladas de madera boliviana. Esa denuncia generó inquietud tanto en las autoridades como en el sector empresarial, debido a la falta de claridad sobre las pruebas que sustentaban la acusación.
Cochi señaló además que la comisión parlamentaria se reunió con el fiscal a cargo del caso, quien conoce la situación pero mantiene una versión distinta, pese a que —según remarcó— no existe tal cantidad de droga. Afirmó que no hay evidencia de que los empresarios bolivianos estén enviando esa cantidad de cocaína ni de que exista un clan internacional vinculado al transporte de ilícitos. También sostuvo que no existe en Bolivia ninguna persona imputada por estos hechos, ni tampoco personas procesadas en los países de destino de la mercadería boliviana.
La senadora Wanda Medrano, por su parte, cuestionó la falta de seguridad jurídica en las investigaciones de las autoridades chilenas. Observó que, con una sola prueba en la etapa preliminar, la madera es incautada y luego destruida en un plazo de 30 días, sin esperar la conclusión del proceso investigativo ni una determinación clara sobre el caso.
Medrano lamentó que el fiscal base su análisis en un solo contenedor de la carga y, aun así, hable de toneladas de droga. Calificó la situación como un atentado contra los empresarios y contra el Estado boliviano, y sostuvo que se debe impulsar una representación para evitar que hechos similares se repitan. También advirtió que, bajo el procedimiento que maneja Chile, las maderas seguirán siendo quemadas, incluso en casos en los que el tajibo, por sus resinas, puede dar positivo en una prueba rápida, pero luego resultar negativo en análisis de laboratorio más precisos, como ya habría ocurrido en Brasil.
