El Gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsa un anteproyecto de Código Minero que reconoce los derechos mineros preconstituidos antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, incluso en áreas protegidas, sitios Ramsar, humedales y reservas forestales, además de fijar condiciones para nuevas declaratorias de protección y para el ejercicio de la actividad minera bajo exigencias ambientales, según informó Visión 360.
La propuesta normativa establece, en su artículo 83, que la existencia de un área protegida no extingue el derecho minero. Sin embargo, para otorgar derechos mineros dentro de esas zonas será obligatorio contar con el Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU) emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), además de la licencia ambiental correspondiente. En el caso de áreas protegidas subnacionales, la solicitud del CCU dependerá de que estas estén adscritas e integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El artículo 84 dispone que la creación de nuevas áreas protegidas con incidencia en actividades mineras deberá sustentarse en un informe técnico-científico que acredite la existencia y relevancia de valores naturales, ecosistemas o muestras representativas. Esa declaratoria deberá aprobarse mediante Decreto Supremo, en el marco de la Ley Nº 1333 de Medioambiente y el Decreto Supremo Nº 24781. El texto también señala que los derechos mineros legalmente constituidos deberán ser reconocidos sin que la nueva declaratoria sea causal de extinción, en observancia de los artículos 369 y 370 de la CPE.
En el caso de los sitios Ramsar y humedales, el artículo 85 establece que los derechos mineros adquiridos antes de la vigencia de la Constitución serán reconocidos y respetados. De acuerdo con la propuesta, esto permitirá realizar actividades mineras una vez obtenida la licencia ambiental. Para ese fin, la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP) emitirá una certificación orientada a definir las medidas necesarias para preservar las características ecológicas del humedal.
Respecto de las áreas y reservas forestales, el artículo 86 señala que los actores mineros podrán operar en áreas forestales con autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), conforme a la normativa vigente. En las reservas forestales, además, se requerirá un certificado de compatibilidad de usos emitido por esa misma institución. El documento aclara que los derechos preconstituidos deberán adecuarse a la normativa ambiental y sectorial para garantizar su compatibilidad con el uso forestal.
El Ministerio de Minería y Metalurgia habilitó un micrositio oficial en la dirección codigominero.mineria.gob.bo para poner la propuesta a consideración de la ciudadanía. A través de esa plataforma, se puede consultar el contenido del anteproyecto, conocer los detalles de su elaboración y enviar opiniones, observaciones y sugerencias de manera anónima.
La elaboración del anteproyecto comenzó en diciembre de 2025, a partir de la identificación de necesidades del sector minero. El proceso incluyó sesiones de trabajo en la Cumbre Nacional Minera, encuentros con representantes y mesas técnicas de redacción, con la participación de 15 delegados y más de 140 especialistas. El documento inicial quedó estructurado en 46 capítulos, 15 títulos en su Libro Primero y más de 200 artículos, y todavía sigue en revisión antes de su presentación formal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
