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Los comunarios del municipio de El Puente expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien sostuvo que la minería y el rubro hidrocarburífero no están reñidos con el medio ambiente siempre que se cumpla la ley. A través de Cirilo Ortega, los pobladores afirmaron que optaron por guardar silencio durante el acto presidencial para no empañar la entrega de tanques de agua ni desdibujar el momento, aunque dejaron en claro su desacuerdo con lo expresado por la autoridad.

Ortega señaló que la postura de las comunidades es firme y que no aceptan actividad minera en Tomayapo “bajo ninguna circunstancia”. Según explicó, el rechazo no proviene de algunas personas aisladas, sino de las comunidades en su conjunto. “Creo que se ha equivocado el Presidente, de dónde no va contaminar”, manifestó, al insistir en que la minería sí generaría afectaciones en la zona.

El comunario advirtió que, aunque se construyan atajados, una tormenta o una riada podría arrastrarlo todo y contaminar el agua. En ese marco, cuestionó que se hable de minería sin conocer con precisión cuánto se produce ni a dónde se lleva el mineral. “Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que eso continúe”, remarcó, al sostener que en la zona alta existe un rechazo generalizado a esa actividad.

En la misma línea, Hilarión Zenteno Aramayo afirmó que los comunarios rechazan la norma vinculada a la minería en el área, a la que calificó como “inaudita” y contraria a los intereses de la población campesina. Sostuvo que, si se emite un decreto sin considerar a las comunidades, se está actuando sin pensar en el movimiento campesino.

Zenteno advirtió que la instalación de minería provocaría contaminación del agua y, en consecuencia, daños a la producción agrícola y a los animales. Por esa razón, indicó que se elaboró un voto resolutivo en el que se pide dejar sin efecto el decreto que habilita la actividad minera en la zona. También exigió la abrogación de la disposición emitida por el gobierno nacional.

A su criterio, la afirmación de que la minería y los hidrocarburos no están reñidos con el medio ambiente no toma en cuenta la realidad de los campesinos, que no perciben salario y viven de lo que siembran. “Si no sembramos, de qué vamos a vivir”, expresó, al advertir que la falta de condiciones para sostener la producción empuja a muchas personas a emigrar. A ello sumó que la situación actual del sector es crítica por la sequía y la escasez de agua.

Por su parte, Nego Vidaurre Salinas, presidente del Comité de Defensa del Medio Ambiente de los municipios de San Lorenzo, El Puente y Yunchará, informó que también emitieron un voto resolutivo de rechazo a la minería debido a los efectos que, según dijo, tendría la contaminación. En relación con las declaraciones del Presidente, sostuvo que la Ley de Medio Ambiente contempla medidas de mitigación, pero que las empresas mineras no las cumplen y que las sanciones para los contaminadores son mínimas e “insignificantes”.

Vidaurre Salinas agregó que muchas empresas mineras trabajan en condiciones precarias, lo que, a su juicio, hace imposible que cumplan con las medidas de mitigación. En ese escenario, consideró que la contaminación sería inevitable y tendría consecuencias graves para la producción agrícola y pecuaria de la región.

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