La reciente decisión de un juez en Santa Cruz, que prohíbe la difusión de encuestas en el contexto del balotaje por la Gobernación, ha generado una intensa controversia política e institucional. Este fallo, emitido por el juez Diego Campero García del asiento judicial de El Torno, ordena la suspensión inmediata de cualquier encuesta o estudio de intención de voto, argumentando la necesidad de salvaguardar el derecho ciudadano a una elección libre y sin confusiones.
La medida fue adoptada a raíz de una acción popular presentada por María Aramayo Quinteros, quien demandó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila. En su petición, Aramayo Quinteros sostenía que las encuestas podrían inducir a error a los votantes, lo que podría resultar en un mal mayor para el proceso electoral. Sin embargo, esta decisión ha encontrado una fuerte oposición desde diversos sectores políticos y cívicos.
Inmediatamente después del fallo, diferentes actores expresaron su preocupación por lo que consideran una violación al derecho a la información y la libertad de expresión. Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, fue uno de los primeros en pronunciarse, señalando que esta acción busca privar a los ciudadanos de información esencial para tomar decisiones informadas en las urnas. Cochamanidis exigió acciones inmediatas tanto al TSE como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revertir este tipo de medidas.
La asambleísta electa María René Álvarez también se sumó a las críticas, argumentando que la resolución judicial responde más a intereses políticos que a una verdadera preocupación por el bienestar democrático. Álvarez destacó que este tipo de decisiones atentan contra el trabajo de los medios y afectan el derecho fundamental del ciudadano a estar informado antes de emitir su voto.
La exsenadora Centa Rek calificó el fallo como un atropello que roza el prevaricato. Según ella, un juez ordinario no debería interferir en competencias que son propias del órgano electoral, especialmente en un momento crítico como lo es la recta final hacia las elecciones. Su postura fue respaldada por otros políticos, incluido el senador Leonardo Roca, quien dirigió sus críticas hacia el TSJ. Roca advirtió sobre la falta de control institucional y subrayó que este tipo de decisiones son contrarias a compromisos previos sobre no interferencia judicial en procesos electorales.
El TSE no tardó en reaccionar ante esta situación. En un comunicado oficial, rechazó la decisión del juez y confirmó su presencia en una audiencia programada para el 17 de abril, donde se defenderá la legalidad de sus acciones y decisiones previas. Gustavo Ávila enfatizó que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha enfrentado numerosas acciones constitucionales en procesos anteriores sin contratiempos significativos.
En medio del debate generado por esta polémica medida judicial, el Consejo de la Magistratura anunció su intención de investigar si se siguieron los procedimientos adecuados en la admisión de la acción presentada contra el TSE. El decano Manuel Baptista indicó que se verificará si se cumplió con los protocolos establecidos y si se involucró adecuadamente a la Unidad Nacional de Transparencia.
Por su parte, Otto Ritter, candidato por SPT y uno de los protagonistas del balotaje junto a Juan Pablo Velasco, se mostró sorprendido ante las repercusiones legales sobre las encuestas: “No tengo la más peregrina idea al respecto”, comentó cuando fue consultado sobre el recurso judicial que intentó limitar su difusión. Esta declaración añade una capa más al ya complejo panorama electoral en Santa Cruz mientras avanza hacia un balotaje marcado por tensiones políticas e institucionales.
