La Contraloría General del Estado volvió a poner bajo observación la situación del río Guadalquivir y exigió a las instituciones vinculadas con su contaminación que elaboren un nuevo cronograma de salvataje para esta cuenca, severamente afectada por el deterioro ambiental.
La demanda surge en el marco de la reconducción de la auditoría ambiental realizada por la entidad hace diez años, cuando se establecieron recomendaciones para mitigar los efectos de la contaminación. Según informó la contralora general, Sandra Quiroga Solano, esas medidas no fueron cumplidas en su totalidad, pese al tiempo transcurrido.
Quiroga explicó que la Contraloría pidió a las entidades responsables que presenten un cronograma razonable de implementación, pero aclaró que no se trata de planes individuales, sino de una acción conjunta entre las instituciones involucradas. Añadió que la entidad hará seguimiento a los plazos establecidos y verificará posteriormente si fueron cumplidos.
La autoridad advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían activarse acciones contra las entidades según los efectos de la inacción o de una respuesta inadecuada. Señaló que, dependiendo de las consecuencias económicas o sociales, la vía a seguir podría incluso ser judicial, como parte del último tramo del seguimiento.
Hace una década, la Contraloría realizó una auditoría ambiental sobre el Guadalquivir y constató un grave proceso de contaminación. A partir de ese diagnóstico, recomendó a las entidades locales asumir medidas para frenar el problema y avanzar en el rescate de la cuenca. Sin embargo, en el seguimiento efectuado en mayo se verificó que, de las 47 recomendaciones emitidas, 25 no se cumplieron, 18 sí fueron atendidas y 4 ya no resultan aplicables.
La contralora sostuvo que las instituciones llamadas a actuar no asumieron las tareas como correspondía. Entre ellas mencionó al gobierno municipal de Tarija, Cosaalt, el gobierno departamental y el gobierno nacional, a través de Emagua.
Consultada sobre el alcance de la labor de la Contraloría, Quiroga respondió que la institución realiza el control, identifica el problema, determina sus causas y emite recomendaciones, mientras que su cumplimiento corresponde a las entidades responsables. Recordó además que cada una cuenta con una máxima autoridad ejecutiva, a la que atribuyó la responsabilidad de implantar las medidas observadas.
Tras reunirse con la brigada parlamentaria de Tarija, la contralora detalló también cuáles recomendaciones sí fueron cumplidas. Entre ellas mencionó la Ley de Áridos aprobada por el municipio de Tarija, la clasificación oficial de los cuerpos de agua de la cuenca, los planes de manejo de áridos en los municipios de San Lorenzo y Uriondo, así como el Plan Director de Cuenca. También destacó la concreción de micro plantas de tratamiento en Tarija y San Lorenzo, que actualmente se encuentran en funcionamiento.
En contraste, entre las recomendaciones incumplidas figuran la existencia de industrias sin convenio de descarga, el insuficiente control ambiental a las actividades industriales, la ausencia de instrumentos normativos sobre el manejo de áridos en Uriondo y San Lorenzo, y la falta de planes de manejo de áridos en Tarija y Padcaya. A ello se suma el inadecuado funcionamiento y la falta de mantenimiento de plantas de tratamiento en Uriondo y Padcaya.
