La Contraloría General del Estado atribuyó la renuncia del exgerente departamental en Santa Cruz a un procedimiento interno y descartó que haya existido presión o injerencia externa en esa decisión. La institución difundió un comunicado en el que también informó que atraviesa un proceso de reordenamiento institucional, en medio de medidas de austeridad y racionalización del gasto público.
En su pronunciamiento, la entidad señaló que Glauco Montero Osinaga presentó su renuncia en septiembre y que esta fue aceptada por la Contralora General del Estado interina, dentro de los procedimientos administrativos y legales correspondientes. Con ello, la CGE rechazó de manera categórica la versión de una supuesta presión vinculada a su salida.
La aclaración institucional surgió después de que el lunes se conociera la renuncia a través de una carta difundida públicamente. En ese documento, el exgerente afirmó que las presiones existentes le impedían continuar con sus labores, aunque no precisó a qué tipo de presiones se refería. La renuncia, según se informó, se hizo efectiva el 17 de septiembre y la nota fue conocida este martes.
El comunicado también da cuenta de que la Contraloría se encuentra desarrollando un proceso de reordenamiento institucional, orientado a fortalecer su funcionamiento y optimizar el uso de los recursos públicos. La entidad enmarcó estas medidas en el decreto supremo N° 5516, de 13 de enero de 2026, referido a austeridad y racionalización del gasto público, en respuesta a la actual coyuntura del país.
La CGE recordó además que su labor está vinculada al control interno de las instituciones estatales, desde los municipios hasta el gobierno central, con énfasis en auditorías sobre contrataciones y obras ejecutadas por entidades públicas. En ese marco, puede emitir informes con recomendaciones penales cuando identifica observaciones en su trabajo de fiscalización.
Como antecedente de la relevancia de esos informes, la institución mencionó el caso del exfondo indígena, que fue abierto por las autoridades judiciales luego de un reporte de auditoría que detectó irregularidades en el manejo de recursos.
En su mensaje final, la Contraloría sostuvo que las adecuaciones administrativas y organizacionales que impulsa buscan garantizar una gestión eficiente, responsable y sostenible, sin afectar la continuidad del control gubernamental que realiza en todo el territorio nacional.
