José Luis Alsogaray, impulsor de la Acción Popular para el saneamiento del río Guadalquivir, cuestionó duramente el rol de la Contraloría frente al grave deterioro ambiental del afluente y lamentó que, pese a la auditoría realizada y a las recomendaciones emitidas, la entidad fiscalizadora no haya exigido su cumplimiento ni impulsado acciones más firmes.
Alsogaray sostuvo que la Contraloría debió adherirse a la Acción Popular en lugar de limitarse a una presencia que calificó de improductiva. A su juicio, ante el incumplimiento de las observaciones contenidas en la auditoría ambiental elaborada por la propia institución, correspondía denunciar los hechos ante el Ministerio Público y remitir los antecedentes del proceso judicial para que se inicie una acción penal. Con ello, afirmó, se podrían establecer responsabilidades por el no saneamiento del Guadalquivir.
El demandante legal insistió en que la contaminación del río se ha agravado y criticó que las instituciones involucradas se trasladen mutuamente la responsabilidad sin asumir compromisos concretos. Según su versión, la Alcaldía sostiene que cumplió con las recomendaciones, aunque él asegura que no fue así. Indicó además que no se habría ejecutado el 72% de lo requerido por la Contraloría y que Cosaalt tampoco cumplió el 66,7%, situación que, a su criterio, explica el nivel de contaminación actual.
También señaló que, en conjunto, las instituciones accionadas por la Contraloría dejaron de cumplir el 53% de las recomendaciones planteadas en la auditoría, cuyo propósito era mejorar las condiciones del río mediante el cumplimiento de 47 medidas. Recordó que el objetivo era que el Guadalquivir pasara de una categoría de contaminación “D” al menos a una “C”, pero aseguró que, después de diez años, el río no solo no mejoró, sino que llegó a un estado más crítico.
Alsogaray relató que en la reunión de este jueves, en la que la Contraloría presentaba un informe, varias personas abandonaron el evento al considerar vergonzoso el contenido expuesto. Según dijo, el técnico de la entidad terminó prácticamente solo durante la lectura del documento.
En su evaluación, el río está “totalmente contaminado” y el problema se agrava por el estado de las lagunas de San Luis, donde llegan las aguas servidas antes de desembocar en el afluente. Aseguró que en 30 años esas lagunas solo fueron dragadas una vez, pese a que el mantenimiento debía realizarse de manera periódica para conservarlas en condiciones adecuadas.
Alsogaray advirtió que, por ese manejo, las lagunas están colapsadas, “casi inservibles” y colmatadas. Añadió que las aguas servidas de los inodoros de las casas de la ciudad estarían llegando directamente al río, lo que, a su juicio, refleja la magnitud del problema.
Finalmente, recordó que en la Acción Popular solicitó poner en funcionamiento de manera temporal la planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas para reducir la contaminación mientras avanza el proceso de saneamiento. Expresó su expectativa de que se cumpla el fallo judicial y se avance en la recuperación del Guadalquivir.
