El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, defendió este jueves la querella presentada ante el Ministerio Público contra cuatro exministros y 15 personas por el caso de los radares, también conocido como Sidacta, el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo. La autoridad sostuvo que el Estado ya desembolsó más del 96% del monto comprometido por un producto que, según dijo, fue entregado de manera incompleta.
Justiniano remarcó que el centro de la denuncia no está en si los radares funcionan o no, sino en que el país recibió algo distinto a lo que pagó. En una entrevista con ON-Otra noche con Sissi, de EL DEBER, afirmó que se cancelaron 191 millones de euros sin que Bolivia recibiera lo correspondiente.
El ministro explicó que la base de la acción judicial es una auditoría que, según señaló, confirma que el pago por los 13 radares sí se realizó casi en su totalidad. Indicó que solo quedaron pendientes 4 millones y que el desembolso alcanzó el 96,7% del total. A partir de ello, cuestionó por qué se llegó a pagar una suma tan alta pese a las observaciones registradas en el informe. Añadió que, de los 13 equipos, únicamente dos estaban funcionando correctamente, nueve presentaban deficiencias operativas y dos no funcionaban.
Justiniano también sostuvo que se trata de uno de los contratos más grandes asumidos por Bolivia, con un monto de 191 millones de euros, y habló de un daño probable de 1.478 millones de bolivianos. Aclaró, sin embargo, que el Gobierno no entrará a juzgar, sino que dejó el caso en manos de la vía legal.
Otro de los puntos que expuso fue el tiempo de ejecución del proyecto. Recordó que inicialmente debía entregarse en 31 meses, pero que con siete adendas el plazo se amplió primero a 82 meses y luego a 98. Según dijo, la primera prueba se realizó recién 98 meses después de la autorización para proceder, casi el triple del tiempo acordado al inicio.
En el mismo espacio televisivo, Reymi Ferreira, quien fue ministro de Defensa entre 2015 y 2018 y durante cuya gestión se negoció y firmó el contrato, ofreció su versión sobre el proceso. Aseguró que el proyecto buscaba frenar el corredor aéreo del narcotráfico y que fue aprobado por una ley en 2014, aunque su origen venía de mucho antes, impulsado por la Fuerza Aérea.
Ferreira afirmó que el contrato que iba a firmarse en 2015 era por 350 millones de dólares, pero que al asumir su equipo en el Ministerio se consideró excesivo y se redujo a 191 millones. Explicó que esa disminución respondió a la modificación del número de radares, que pasó de 18 a 13, y precisó que del plan original se eliminaron los equipos previstos para la zona andina, porque, según su versión, el narcotráfico no utiliza esas rutas.
El exministro también indicó que durante su gestión se hicieron dos modificaciones al contrato, ambas de carácter administrativo. Sostuvo que no implicaron cambios en los plazos ni incrementos en el precio, por lo que calificó la denuncia como exagerada y de carácter político.
Ferreira aseguró además que enfrentará el proceso sin temor a una eventual detención. Dijo que no tiene problema en ir a la cárcel, que no contratará abogado y que pedirá defensa de oficio. Según manifestó, mantiene su conciencia tranquila y no le asusta la cárcel.
