La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió aplazar sin fecha el inicio del juicio promovido por Mario Francisco Tadic Astorga y otras personas contra el Estado boliviano por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el caso del asalto al Hotel Las Américas, ocurrido en 2009. La audiencia estaba programada para este mes en Montevideo, pero ya no se realizará en esa fecha.
En paralelo, la Procuraduría General del Estado sostuvo en Santa Cruz un primer acercamiento con las familias de las víctimas de aquella acción policial, que derivó en persecución y encarcelamiento bajo acusaciones de supuesto terrorismo. Según explicó el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, esas familias buscan una reivindicación pública y justicia por lo ocurrido.
“Lo que ellos quieren, en realidad, es que se reivindique el nombre de todas esas familias. ‘Los terroristas no somos nosotros. Era la gente del Estado que nos ha perseguido y ha hecho lo que ha hecho con nosotros durante cuántos años’. Lo que están pidiendo es justicia”, afirmó León La Faye en entrevista con EL DEBER.
El procurador detalló que la audiencia pública debía desarrollarse este mes, pero la institución recibió una notificación de la Corte IDH en la que se informaba que no sería posible tratar el tema en esta oportunidad y que se lo trasladaría a la siguiente sesión. Hasta ahora, sin embargo, no existe una nueva fecha confirmada.
“Obviamente, nosotros tenemos todo listo para poder participar e intervenir”, aseguró.
La Procuraduría informó además que, durante estos meses, además de reunirse con las víctimas, envió cartas al Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Judicatura para solicitar que sus funcionarios reciban capacitación en derechos humanos, en cumplimiento de una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevó el caso a la Corte. La institución también se adhirió a las denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía, como parte de las acciones orientadas a atender otra de las recomendaciones del organismo internacional.
“Se tiene toda la voluntad de cumplir con cada una de las conclusiones y recomendaciones y los derechos humanos de todas y cada una de las personas”, sostuvo el procurador.
En los últimos días, la Fiscalía de Santa Cruz admitió una de las denuncias presentadas contra exautoridades del gobierno de Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad, tortura, vulneración de derechos y vejaciones, entre otros. Los denunciantes son Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Sejas.
Han pasado 17 años desde el operativo policial ejecutado en el Hotel Las Américas. El 16 de abril de 2009 murieron durante la intervención los extranjeros Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. En ese momento, el gobierno de Evo Morales los identificó como miembros de un grupo terrorista y separatista. Elöd Tóásó y Mario Tadic sobrevivieron al operativo y luego permanecieron privados de libertad durante seis años.
En 2012, ambos, junto con Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, también procesados dentro del denominado caso terrorismo, acudieron a la CIDH con una denuncia por vulneraciones a sus derechos humanos. En 2021, la Comisión emitió el Informe de Fondo 394, en el que determinó que el Estado boliviano era responsable por la vulneración de derechos y formuló recomendaciones. Ante el incumplimiento de esas conclusiones, el caso pasó desde 2024 a la Corte IDH, el máximo tribunal de justicia de la región.
