La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió postergar sin fecha el inicio del juicio planteado por Mario Francisco Tadic Astorga y otras personas contra el Estado boliviano por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el caso del asalto al Hotel Las Américas, ocurrido en 2009. La audiencia estaba prevista para este mes en Montevideo, pero por ahora no existe una nueva convocatoria.
Mientras se aguarda esa reprogramación, la Procuraduría General del Estado (PGE) sostuvo en Santa Cruz un primer acercamiento con las familias de las víctimas de aquella acción policial, que derivó en persecución y encarcelamiento bajo cargos de supuesto terrorismo. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, explicó en entrevista con EL DEBER que el objetivo de estas familias es que se reivindique su nombre y se reconozca que no eran terroristas, sino personas afectadas por una actuación estatal que consideran injusta.
“Lo que ellos quieren, en realidad, es que se reivindique el nombre de todas esas familias. ‘Los terroristas no somos nosotros. Era la gente del Estado que nos ha perseguido y ha hecho lo que ha hecho con nosotros durante cuántos años’. Lo que están pidiendo es justicia”, afirmó la autoridad.
León detalló que la audiencia pública debía desarrollarse este mes, pero la Procuraduría fue notificada de que no sería posible tratar el tema en esta oportunidad y que el caso pasaría a la siguiente sesión. Sin embargo, hasta el momento no se ha comunicado una fecha nueva. Pese a ello, aseguró que el Estado está preparado para intervenir. “Obviamente, nosotros tenemos todo listo para poder participar e intervenir”, señaló.
La Procuraduría informó además que, durante estos meses, además de reunirse con las víctimas, envió cartas al Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Judicatura para pedir que sus funcionarios reciban capacitación en derechos humanos, una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que remitió el informe de fondo a la Corte para que el caso sea tratado en esa instancia internacional.
La institución también se adhirió a las denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía, como parte de las acciones orientadas a cumplir otra de las recomendaciones del sistema interamericano. León sostuvo que existe voluntad de acatar las conclusiones del organismo y de respetar los derechos humanos de todas las personas involucradas.
En paralelo, la Fiscalía de Santa Cruz admitió en los últimos días una de las denuncias presentadas contra exautoridades del gobierno de Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad, tortura, vulneración de derechos y vejaciones, entre otros. Entre los denunciantes figuran Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Sejas.
Han pasado 17 años desde el operativo policial ejecutado en el Hotel Las Américas. El 16 de abril de 2009 murieron durante la intervención los extranjeros Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. En ese momento, el gobierno de Evo Morales los presentó como integrantes de un grupo terrorista y separatista. Elöd Tóásó y Mario Tadic sobrevivieron al operativo y luego permanecieron privados de libertad durante seis años.
En 2012, Tóásó, Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, también procesados dentro del denominado caso terrorismo, acudieron a la CIDH con una denuncia por vulneraciones a sus derechos humanos. En 2021, la Comisión emitió el Informe de Fondo 394, en el que concluyó que el Estado boliviano era responsable por la vulneración de derechos y formuló recomendaciones. Ante el incumplimiento de esas conclusiones, el caso fue elevado desde 2024 a la Corte IDH, el máximo tribunal regional, donde ahora permanece a la espera de una nueva fecha para su tratamiento.
