El Valle Central de Tarija enfrenta nuevamente una de sus amenazas más persistentes: los incendios forestales que, año tras año, deterioran el territorio y comprometen recursos esenciales para la región. Esta vez, la respuesta no se limita a la emergencia inmediata. La ONG Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA) y la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) presentaron este 4 de noviembre una propuesta de “Estrategia de Gestión Integral del Fuego”, un documento técnico que plantea una ruta de trabajo hasta 2035 para contener el avance de las llamas y proteger las cuencas hídricas.
El estudio, elaborado por Ricardo Aguilar y Patricia Vargas de PROMETA y FEPT, ofrece un panorama preocupante sobre la magnitud del problema. Entre 2001 y agosto de 2026, la cuenca del río Guadalquivir acumuló más de 42.200 hectáreas quemadas, una cifra que confirma que el comportamiento del fuego no ha sido uniforme a lo largo del tiempo. La investigación muestra picos especialmente severos en determinados años: en 2002 se registraron más de 9.000 hectáreas afectadas, en 2017 la superficie quemada superó las 11.400, mientras que las campañas más recientes de 2025 y 2026 volvieron a encender las alertas con más de 5.600 y 8.400 hectáreas impactadas, respectivamente.
El diagnóstico espacial pone el foco en la Reserva Biológica Cordillera de Sama, identificada como el principal núcleo de afectación histórica. Según el análisis, esta área concentró el 87% de la superficie quemada durante el gran incendio de 2002 y más del 82% en 2017. El mapeo de recurrencia realizado por la investigación detectó 194 puntos calientes de alta concentración en la región, de los cuales el 79% se ubican dentro de los límites de la reserva. El dato resulta especialmente sensible porque se trata de cabeceras de cuenca que abastecen de agua potable y de riego al Valle Central.
A partir de ese escenario, la estrategia propone cinco ejes operativos orientados a dejar atrás la lógica de reacción tardía. Uno de los componentes centrales es la gobernanza intergubernativa, que involucra a los municipios de Cercado, San Lorenzo, Uriondo y Padcaya, además de la Gobernación, para activar comités de crisis estacionales de manera preventiva entre junio y octubre. La intención es evitar que la respuesta dependa de decisiones improvisadas cuando el fuego ya está avanzado.
El plan también incorpora herramientas tecnológicas y de vigilancia. La propuesta combina la teledetección satelital mediante las plataformas NASA FIRMS y SATIF con la actuación inmediata de comités comunitarios en áreas rurales estratégicas. Comunidades como Erquiz, Coimata, Lazareto y Rincón de la Victoria tendrán un protocolo de enlace directo que reduce a quince minutos el tiempo de confirmación terrestre ante cualquier anomalía térmica detectada desde el espacio.
Otro de los aspectos relevantes del documento es la regulación del manejo de la tierra. La estrategia prohíbe el uso de maquinaria pesada y topadoras en pendientes pronunciadas dentro de Sama, con el objetivo de evitar procesos de desertificación y formación de cárcavas. En su lugar, se priorizan fajas cortafuegos manuales y desbroce selectivo. En las zonas agrícolas y vitícolas de Uriondo y Cercado, además, se establecerán alternativas para el manejo de residuos de poda, con el fin de evitar quemas clandestinas durante jornadas de vientos intensos.
El plan también contempla la etapa posterior al incendio. Bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), se prevé la coordinación entre bomberos voluntarios, la Policía y el apoyo logístico de cooperativas como COSAALT para ejecutar obras de emergencia antes de la llegada de las lluvias. La prioridad inmediata será construir barreras de retención con troncos quemados y controlar el arrastre de cenizas, con el objetivo de impedir que el lodo contaminado llegue a los embalses y a las tomas de agua que sostienen la vida en Tarija.
Rodrigo Ayala, director de PROMETA, advirtió que en Tarija persiste una lógica repetitiva en la que cada año se vuelve a empezar desde cero, con improvisaciones de último momento y equipos deteriorados. Señaló que, a partir de este documento, se espera trabajar de manera coordinada con la Gobernación y los municipios de Cerc