En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, instó a reabrir las investigaciones relacionadas con la masacre de Chaparina y otros casos similares, destacando que la impunidad ha dejado desprotegidas a las víctimas al no sancionar a los responsables intelectuales.
Herrera señaló que este es un momento oportuno para retomar el caso de Chaparina, especialmente considerando la implicación de figuras como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien fue expulsado por la APDHB debido a su conducta.
El incidente ocurrió el 25 de septiembre de 2011, cuando un grupo de indígenas que marchaba en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue interceptado por la Policía Nacional. Las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos, ejercieron violencia física y detuvieron a los manifestantes, quienes fueron trasladados en buses hasta un aeropuerto cercano en San Miguel de Chaparina. La movilización indígena se oponía a la construcción de una carretera que atravesaría esta zona protegida, conectando Cochabamba con Beni.
Desde la APDHB, Herrera afirmó que continuarán ejerciendo presión para que se reactive la investigación, con el objetivo de identificar a todos los responsables, tanto directos como indirectos. Además, al ser consultada sobre la posible implicación del expresidente Evo Morales, la activista indicó que, si se confirma su participación, debería ser sometido a un juicio de responsabilidades por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su autodeterminación y libertad de manifestación.
En el momento de los hechos, Morales era el mandatario del país. Aunque la justicia ha condenado a tres exjefes policiales como autores materiales de la represión, los responsables intelectuales que ordenaron la intervención durante la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS aún no han sido procesados
