El abogado Jorge Tamayo, defensor del mayor de la Policía Rubén Aparicio Villarroel, negó este miércoles que su cliente sea propietario del inmueble allanado en Cochabamba, donde la Fiscalía reportó el hallazgo de 375.000 dólares en efectivo y el secuestro de una caja fuerte. Según sostuvo, existe una interpretación equivocada de los datos de la investigación y tampoco hay vínculo del oficial con el dinero encontrado.
Tamayo afirmó que “ni el bien inmueble ni los dineros que se hayan podido encontrar” pertenecen a Aparicio. Sus declaraciones se produjeron tras el operativo realizado en un establecimiento que identificó como sauna, lugar que, de acuerdo con el jurista, no tiene relación con su defendido. Aseguró además que el mayor no figura como propietario directo ni a través de terceras personas.
El abogado cuestionó la información difundida luego de las declaraciones del fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez. A su juicio, hubo un error en la lectura de los elementos del caso. “Ha existido un error de interpretación del fiscal departamental, quien ha dado una información que no condice con la realidad objetiva cursante en el cuaderno de investigación”, manifestó.
Sobre el dinero secuestrado, Tamayo dijo desconocer su procedencia y consideró que esa tarea corresponde a los investigadores. También remarcó que las pesquisas están bajo reserva judicial, aunque sostuvo que esa condición no impide a la defensa aclarar públicamente lo que considera una atribución errónea de bienes a su cliente.
El martes, Ordóñez informó que dos allanamientos ejecutados la semana pasada, en coordinación con la Fiscalía de La Paz, permitieron secuestrar el dinero y una caja fuerte en Cochabamba. La autoridad vinculó esos operativos con el caso Mariaca y señaló que se investiga si antes de la intervención fueron retiradas otras sumas de dinero. Según el reporte fiscal, la caja fuerte aún no fue abierta.
La aclaración surge en el marco del proceso contra el ex fiscal general Róger Mariaca y otros investigados por protección al tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Aparicio cumple detención preventiva en Chonchocoro, mientras Mariaca permanece recluido en Cantumarca, Potosí.
Por ahora, las versiones del abogado y la información difundida por la Fiscalía sobre la titularidad del inmueble deberán contrastarse con los registros de propiedad y con los resultados de las diligencias en curso.
