La orden de aprehensión contra Tatiana Marset quedó sin efecto luego de una decisión judicial en Santa Cruz, Bolivia, tras la acción de libertad impulsada por su defensa. Ahora, la expectativa está puesta en una nueva audiencia en la que se analizará el pedido fiscal para revisar la detención domiciliaria que cumple la investigada.
La abogada Mónica Terrazas, representante legal de Marset, explicó que la presentación constitucional buscó corregir lo resuelto en la audiencia anterior, cuando la Justicia la declaró rebelde por no haberse presentado. Según sostuvo, la inasistencia estuvo respaldada por certificados médicos que acreditan que la investigada no estaba en condiciones de trasladarse al juzgado, debido a que permanece hospitalizada.
Terrazas afirmó que la orden de aprehensión fue anulada porque la situación quedó subsanada con la documentación médica incorporada al caso. También señaló que el médico que atendió a Marset expuso la gravedad de su estado y las dificultades que tendría para movilizarse a una audiencia.
La decisión fue adoptada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Nº 2, que había declarado en rebeldía a Tatiana Marset y emitido un mandamiento de aprehensión tras su ausencia en la audiencia de apelación. En esa instancia, la Fiscalía buscaba revertir la detención domiciliaria que le fue otorgada en julio de este año, luego de haber permanecido cerca de tres meses con detención preventiva en el penal de Palmasola.
Pese a la anulación de la orden de aprehensión, la situación procesal de Marset no implica un cambio en las medidas cautelares vigentes. Su defensa aclaró que seguirá sometida a las restricciones dispuestas por la Justicia, incluida la detención domiciliaria.
Tatiana Marset continúa hospitalizada bajo custodia policial en el interior y el exterior de una clínica privada en Santa Cruz. En la próxima audiencia deberá definirse si se mantiene ese beneficio o si prospera el pedido fiscal para que regrese a Palmasola mientras avanza la investigación por el presunto delito de tráfico de armas.
