Redacción central/Bolinfo/Tarija// Junio-26-2025
Doce individuos, identificados como defensores de la reserva natural de Tariquía, continuarán su proceso judicial en libertad plena tras una determinación emitida por el juez de la causa en la localidad de Entre Ríos. La resolución, que ha sido recibida con satisfacción por la parte defensora, se produce en el contexto de acusaciones relacionadas con su participación en manifestaciones contra actividades hidrocarburíferas. La ausencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad denunciante, en la audiencia de medidas cautelares, ha generado interrogantes sobre la fundamentación de las pruebas presentadas.
La audiencia, llevada a cabo recientemente en Entre Ríos, concluyó con un dictamen favorable para los doce imputados, quienes enfrentaban cargos por presuntos atentados contra la libertad de trabajo y obstaculización de la función pública. La denuncia inicial fue formalizada por YPFB el 2 de octubre de 2024. A pesar de los señalamientos, el tribunal no encontró mérito para imponer medidas restrictivas, garantizando así que estas personas puedan defenderse sin limitaciones a sus derechos y garantías fundamentales. Entre los procesados se encuentran siete hombres y cinco mujeres.
Un aspecto notable durante el desarrollo de la audiencia fue la incomparecencia de la entidad denunciante, YPFB. Esta ausencia ha sido interpretada por la defensa como un indicio de que la acción legal podría tener como objetivo principal la intimidación de los habitantes y protectores de Tariquía, buscando disuadir su oposición a las labores de exploración y eventual explotación petrolera en la zona de la reserva.
Cabe recordar que la justicia ya ha emitido fallos favorables en situaciones similares. El 13 de enero de la presente gestión, se dictó una resolución de rechazo a favor de veintinueve personas previamente procesadas, de las cuales diecisiete ya cuentan con un sobreseimiento ratificado por la Fiscalía Departamental, mientras que doce permanecen como imputados en el caso actual.
El proceso penal se encuentra actualmente en su segunda fase, la etapa preparatoria, que dio inicio el 29 de abril de este año y se extenderá por un periodo de seis meses. Durante este lapso, se procederá a la recolección de elementos probatorios. Si bien la carga de la prueba recae en la parte acusadora para demostrar la adecuación de la conducta de los defendidos al tipo penal, la defensa también contribuirá con la presentación de evidencias que permitan, al término de esta etapa, solicitar el sobreseimiento y evitar que el caso avance a la fase de juicio oral.
La determinación judicial de libertad irrestricta se fundamentó en la ausencia de elementos que demostraran riesgo de fuga u obstaculización por parte de los imputados, quienes han evidenciado un sometimiento pleno al proceso desde su inicio en octubre de 2024. A pesar de la favorable resolución, los comunarios, residentes de Chiquiaca y Tariquía, mantienen una legítima preocupación, conscientes de que un proceso penal genera incertidumbre hasta su conclusión definitiva, anhelando el retorno a su vida cotidiana una vez que el asunto legal se resuelva a su favor
