Imágenes recientes revelan la participación activa de dos empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Refinación S.A. en las protestas organizadas por la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, en rechazo al Decreto Supremo 5503. Esta normativa eliminó los subsidios a los combustibles, una medida que el Ejecutivo calificó como necesaria para corregir un sistema insostenible.
Las denuncias, provenientes de trabajadores de la misma empresa estatal, señalan que los dirigentes involucrados cuentan con contratos indefinidos y perciben salarios elevados, vinculados a procesos de contratación realizados durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos asociados al Movimiento al Socialismo (MAS).
Uno de los señalados es Óscar Gonzalo Vértiz Blanco, quien desempeña funciones como Operador de Sala de Control en YPFB Refinación S.A. con un contrato indefinido y un salario básico mensual que supera los 21.900 bolivianos. Además, ocupa el cargo de Secretario de Organización en la COD y se encuentra en comisión, lo que le otorga estabilidad laboral.
Por otro lado, Abel Moisés Vacaflores Laguna trabaja en la misma empresa desde 2015 como mecánico automotriz, con contrato indefinido y un salario básico que supera los 29.100 bolivianos. Ambos habrían accedido a sus puestos mediante procesos de contratación abiertos durante la gestión del MAS, según las declaraciones de fuentes internas de YPFB.
Las manifestaciones contra el DS 5503 forman parte de un movimiento más amplio que ha tenido repercusión en varias regiones del país. Grupos radicales exigen la abrogación del decreto, argumentando que la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina impacta negativamente en la economía popular.
En contraste, el Gobierno defiende la medida como una acción imprescindible para estabilizar la economía nacional y combatir prácticas ilegales como la corrupción y el contrabando de combustibles. Según las autoridades, los subsidios facilitaban el desvío ilícito de combustibles hacia países vecinos, ocasionando pérdidas millonarias al Estado.
Las cifras oficiales indican que, tras la implementación del decreto, el consumo de diésel se redujo hasta en un 50 %, lo que ha contribuido a frenar el contrabando y generar un ahorro significativo en recursos públicos.
En este contexto, el Ejecutivo ha reiterado que la lucha contra la corrupción y las irregularidades en el sector hidrocarburos es una prioridad dentro del paquete de reformas adoptado, en medio de una emergencia económica declarada a finales de 2025
