El diputado Carlos Alarcón expresó sus observaciones al proyecto de ley sobre libre transitabilidad y protección de derechos, que fue aprobado en una primera instancia por la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y anticipó que la propuesta será revisada nuevamente con el propósito de encaminar una norma orientada a sancionar los bloqueos de carreteras.
A criterio del legislador, el texto aprobado desnaturaliza el sentido de una ley antibloqueos al incorporar sanciones agravadas para autoridades que no atiendan las demandas de los sectores movilizados. En ese marco, sostuvo que la iniciativa terminó combinando dos contenidos que, en su opinión, no son compatibles. Alarcón advirtió que esa formulación podría trasladar la responsabilidad a alcaldes, gobernadores, ministros y otras autoridades, mientras que quienes organizan los bloqueos quedarían sin castigo.
El diputado señaló que, luego de las observaciones planteadas por él y por otros dos legisladores que presentaron propuestas previas, el proyecto fue reconsiderado y se prevé retomar su tratamiento este miércoles en la Comisión de Justicia Plural.
Alarcón explicó que su propuesta original contemplaba un esquema de sanciones diferenciado según la gravedad de los hechos. Según detalló, planteó penas de tres a seis años de cárcel para quienes bloqueen, de cinco a ocho años para organizadores, financiadores, promotores y directores, y de 10 a 20 años cuando durante el bloqueo se atente contra la vida, la integridad de las personas o los bienes públicos y privados.
Además, indicó que también propuso que los responsables reparen los daños ocasionados a las víctimas y que se establezcan garantías para la actuación de la Policía y, de ser necesario, de las Fuerzas Armadas.
En contraste, cuestionó que el proyecto observado establezca una sanción agravada de seis años y ocho meses por incumplimiento de deberes para las autoridades que no atiendan las demandas de los bloqueadores. Desde su perspectiva, esa disposición invierte la lógica de una norma destinada a frenar los bloqueos y termina trasladando el foco de la sanción hacia quienes ejercen funciones públicas.
Alarcón también se refirió al derecho a la protesta y sostuvo que las demandas sociales pueden canalizarse por otras vías, como marchas, mítines, cabildos, huelgas y recursos judiciales, sin necesidad de bloquear carreteras. En ese contexto, afirmó que, por más legítima que sea una demanda y por más inoperante que sea una autoridad, no se puede retener como rehén a un ciudadano inocente para presionar la atención de un reclamo.
El legislador remarcó, sin embargo, que las autoridades sí tienen responsabilidades políticas, administrativas y jurídicas cuando incumplen sus funciones, aunque consideró que esas responsabilidades deben diferenciarse de las que recaen sobre quienes impulsan bloqueos de vías.
Finalmente, Alarcón se refirió a los anuncios de movilizaciones y eventuales bloqueos, y sostuvo que el Gobierno debe actuar conforme al estado de excepción que, según afirmó, permanece vigente hasta fines de diciembre. En ese marco, indicó que la realización de marchas durante ese periodo dependerá de que sean pacíficas y no afecten el orden ni la seguridad pública, de acuerdo con la interpretación que atribuyó al Gobierno.
El diputado también formuló críticas contra Evo Morales y pidió que el Ministerio Público actúe por los hechos que atribuye a anteriores bloqueos.
