La actual directiva de la Asamblea Departamental, que asumió sus funciones a mediados del año 2025, se encontró con una institución profundamente afectada por problemas financieros, principalmente debido a una acumulación significativa de deudas. Según la secretaria de la Asamblea, Marina Hoyos Ramos, la situación era crítica al momento de su llegada, lo que obligó a implementar un proceso de ajuste institucional para estabilizar la gestión.
Hoyos Ramos explicó que las obligaciones pendientes abarcaban desde deudas con el personal hasta compromisos relacionados con contratos y servicios, lo que generó una carga financiera considerable para la Asamblea. Para enfrentar esta realidad, la directiva inició un plan paulatino de pagos, priorizando la cancelación de estas deudas para recuperar la operatividad del organismo.
Además, se realizó una reducción en la cantidad de personal, con el objetivo de optimizar recursos y cumplir con las obligaciones financieras existentes. La secretaria destacó que, a pesar de los desafíos, se han realizado esfuerzos constantes para reorganizar la institución y restablecer su funcionamiento normal.
Respecto a la gestión anterior, la actual directiva prefirió no emitir un juicio categórico, señalando que será la sociedad quien evalúe el desempeño tanto de la administración pasada como de la presente.
Por otro lado, se confirmó que tanto los legisladores como los funcionarios del gobierno departamental enfrentan retrasos en el pago de sus salarios correspondientes a noviembre, situación que podría extenderse también a diciembre. Esta problemática se atribuye a la disminución de los ingresos del gobierno departamental y a la necesidad de atender compromisos financieros derivados de contratos no cumplidos en gestiones anteriores
