El Consejo de la Magistratura decidió abrir una revisión sobre los actuados y fallos de tres jueces de Santa Cruz que figuran entre los ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos les revocó la visa. Se trata de Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, quienes, por ahora, seguirán en sus cargos mientras avanzan las verificaciones sobre sus procesos disciplinarios y sobre las causas de mayor relevancia que atendieron entre 2024 y 2026.
La medida se activó luego de que la autoridad distrital del Consejo en Santa Cruz, Emilio Arredondo, calificara como “un golpe muy fuerte para el Órgano Judicial” la inclusión de autoridades judiciales en una lista con restricciones migratorias impuestas por Washington. Arredondo remarcó que cada país define de manera autónoma su política migratoria, pero sostuvo que en el distrito cruceño se pondrán en marcha mecanismos institucionales para revisar antecedentes que puedan comprometer el ejercicio de la función judicial.
La decisión del Consejo se enmarca en la nueva ofensiva diplomática de Estados Unidos contra la corrupción y el narcotráfico en la región, en la que aparecen 13 bolivianos identificados públicamente el 28 de septiembre. De ese grupo, nueve tienen relación directa con la Fiscalía, los tribunales de justicia o la magistratura, lo que colocó al sistema judicial boliviano en el centro de la atención.
Arredondo explicó que ya se emitió un instructivo para realizar un relevamiento técnico en los tres juzgados durante las gestiones 2024, 2025 y 2026. En paralelo, también se pidieron informes sobre los procesos disciplinarios abiertos contra las tres autoridades, con el fin de establecer en qué estado se encuentran y por qué podrían haberse producido eventuales demoras en sus actuaciones.
Entre los casos revisados, el más avanzado es el de Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia. Sobre él pesa un proceso por una “falta gravísima”, luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional observara que pudo haber actuado sin competencia en algunas acciones de amparo. Arredondo afirmó que ese proceso “sí está buscando la destitución”.
En el caso de Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera de Santa Cruz, el Consejo también activó un proceso disciplinario por faltas graves. Respecto de Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal, se solicitó información para determinar si existen otros antecedentes o causas pendientes bajo su responsabilidad.
La revisión no se limita a los jueces de Santa Cruz. El Departamento de Estado de Estados Unidos también acusó de manera específica al fiscal general Roger Mariaca de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico. Mariaca rechazó esas acusaciones, mientras que el Gobierno boliviano pidió a Washington información sobre la decisión por la vía diplomática.
En esa misma línea, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, informó que la institución dispuso una revisión técnica y administrativa sobre jueces y exmagistrados alcanzados por las restricciones de visa anunciadas por Estados Unidos. Según explicó, las representaciones distritales deberán verificar antecedentes y documentación que respalde eventuales ausencias en el ejercicio de sus funciones.
Spencer sostuvo que ese levantamiento permitirá establecer si se cumplieron los procedimientos administrativos previstos. Añadió que la revisión también incluirá viajes al exterior y la comprobación de si estuvieron respaldados por vacaciones autorizadas, licencias, permisos u otros documentos emitidos conforme a norma, dentro de las atribuciones del Consejo.
