En un informe fechado el 10 de febrero, el teniente Marvin M. R. reveló que no comunicó a sus superiores sobre la llegada de 32 maletas que presuntamente contenían dinero relacionado con el narcotráfico en Bolivia, provenientes de Estados Unidos. Según su declaración, esta decisión se debió a la desconfianza que sentía hacia su entorno laboral, especialmente hacia el jefe del Grupo Especial de Casos Especiales (GICE) en la región oriental del país.
El teniente detalló que recibió información sobre la llegada de las maletas a través de una llamada de WhatsApp realizada por un colega extranjero, Fernando Augusto Bataus, quien es un enlace con la Policía Federal de Brasil. Esta comunicación se produjo a las 13:47 del 29 de noviembre del año pasado. Bataus había obtenido los datos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alertando sobre un vuelo chárter con matrícula N585JC que arribaría ese mismo día a Santa Cruz. A bordo del avión se encontraban Gabriel Giuliano Leoni, un ciudadano italiano prófugo, dos menores y la exdiputada Laura Rojas.
El informe destaca que Rojas utilizó su pasaporte diplomático para eludir la revisión del equipaje, lo que resultó inusual dado tanto el número como el contenido de las maletas. Esta situación ha suscitado interrogantes sobre por qué la Policía Boliviana no realizó ningún operativo para interceptar a los pasajeros y verificar la carga sospechosa.
Marvin M. R. argumentó en su informe que su falta de acción se debió a la desconfianza hacia su superior inmediato, el teniente coronel Roberto Carlos Q. S., a quien acusó de tener antecedentes no especificados y vínculos familiares problemáticos en relación con el narcotráfico. Según su relato, tanto su cuñado como su suegra están implicados en actividades ilícitas; incluso mencionó que su suegra había sido secuestrada por sus conexiones con este delito. Ante esta situación, decidió comunicar la información al capitán Cristhian R. S., quien era parte del equipo de seguridad del Ministerio de Gobierno.
No obstante, el capitán negó haber recibido información relevante sobre el caso y calificó como irregular el proceder del teniente. En respuesta a estas alegaciones, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó una denuncia contra Cristhian R. S., tanto en el ámbito disciplinario como ante la justicia ordinaria, sospechando que podría estar encubriendo actividades relacionadas con el narcotráfico.
Las investigaciones han continuado y llevaron al teniente Marvin M. R. a declarar ante la Fiscalía de Santa Cruz el pasado lunes, momento en el cual también entregó su teléfono celular para corroborar su versión sobre los hechos.
El comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, confirmó que ambos oficiales están bajo proceso desde el 14 de febrero y anunció que se iniciará un juicio disciplinario en los días venideros. En lo que respecta al ámbito penal, existe una orden de aprehensión contra Cristhian R. S., cuyo paradero es actualmente desconocido.
En cuanto a los otros implicados en este caso, la exdiputada Laura Rojas permanece detenida en el penal de Palmasola mientras las investigaciones siguen su curso; ella ha solicitado cesar su detención preventiva desde enero debido a las acusaciones sobre el uso indebido de su pasaporte diplomático para evitar controles aduaneros tanto en Estados Unidos como en Bolivia. Asimismo, continúa bajo arresto preventivo el juez Evert Zeballos, quien está siendo procesado por haber recogido las maletas y llevarlas al depósito de una empresa que es de su propiedad; también hay funcionarios judiciales y personal aduanero involucrados en este escándalo emergente relacionado con narcotráfico en Bolivia.
