La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió un fallo que reconoce a José Roberto Castro Peñaranda como representante legítimo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), otorgándole la facultad para actuar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y gestionar la inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales de 2026.
Esta resolución, fechada el 19 de diciembre de 2025, responde a una acción de amparo constitucional presentada por Castro contra el expresidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y la anterior Sala Plena del Órgano Electoral. El conflicto surgió tras la emisión de la Providencia N° 0148/2025 por parte del TSE, que acreditó a delegados del PDC con base en una resolución interna que, según la demanda, fue falsificada.
Según el reclamo, durante una reunión del Comité Político Nacional del PDC celebrada el 14 de noviembre de 2025, se decidió postergar la designación de delegados debido a irregularidades en la convocatoria. Sin embargo, se habría utilizado hojas en blanco firmadas en esa sesión para crear una versión adulterada de la Resolución 15/2025. La demanda señala que Víctor Hugo Velasco Iporre, sin el consentimiento de los asistentes, manipuló estas hojas para modificar los nombres de los delegados nacionales y departamentales ante el TSE con el propósito de favorecer a su círculo cercano.
Como respaldo de la denuncia, se presentaron denuncias penales interpuestas el 11 de diciembre por miembros del comité, quienes alegan la falsificación material e ideológica de sus firmas en el documento cuestionado. Además, se señala que la notificación de la providencia impugnada fue realizada a través de medios de comunicación y no por canales oficiales, lo que vulneraría los derechos de Castro.
La Sala Constitucional admitió la demanda y consideró la ampliación presentada el 17 de diciembre, que solicitaba una medida cautelar para suspender los efectos de la Providencia N° 0148/2025. Esta suspensión impediría que los delegados cuestionados realizaran actos relevantes dentro del calendario electoral, cuyo plazo para la inscripción de candidaturas finalizó el 22 de diciembre de 2025.
El fallo también ordenó la notificación a catorce terceros interesados y programó una audiencia pública virtual para que las partes involucradas expongan sus argumentos, mientras se espera una resolución definitiva sobre el fondo del proceso constitucional
