El Ministerio Público ha subrayado la imposibilidad de suspender procesos penales a solicitud de los imputados. Esta postura fue enfatizada en relación con el juicio que enfrenta el expresidente Evo Morales Ayma, quien ha solicitado una interrupción para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. Las autoridades fiscales han calificado esta petición como de índole política, asegurando que el ente acusador no se involucrará en tales dinámicas. Se ha reiterado que, siguiendo directrices de la Fiscalía General, todos los casos serán tramitados sin distinción de las personas involucradas o la naturaleza de los delitos, buscando siempre una sentencia justa, ya sea condenatoria o absolutoria.
El expresidente Morales Ayma es actualmente objeto de una acusación por el delito de trata y tráfico agravado, cargo que también pesa sobre la madre de la víctima. Existe una orden de aprehensión vigente en su contra, la cual, hasta el momento, no ha sido ejecutada, y se sabe que el imputado reside en la región de El Chapare. Respecto a la posibilidad de su detención si asistiera al acto presidencial en La Paz, se ha aclarado que la responsabilidad de ejecutar el mandamiento de aprehensión recae exclusivamente en la fuerza policial, mientras que la Fiscalía ha cumplido su rol constitucional al emitirlo. Aunque aún no se ha fijado una fecha para el juicio penal oral, se ha confirmado que este puede iniciarse en ausencia del acusado, quien previamente fue declarado en rebeldía por su inasistencia a las audiencias.
Por otro lado, el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, enfrenta dos acusaciones formales relacionadas con la construcción del puente 4 de Julio, una infraestructura que generó controversia durante su gestión como alcalde de Tarija. Estos expedientes, conocidos como Puente I y Puente II, son parte de un conjunto de investigaciones que incluyen también los casos Puente III y Puente IV, los cuales continúan en fase de investigación por parte del Ministerio Público. El desenlace de estos procesos determinará si se formulan nuevas acusaciones o si se dictan absoluciones.
Adicionalmente, el proyecto Ciudad Inteligente, implementado durante la administración municipal de Paz Pereira, también se encuentra bajo escrutinio judicial debido a presuntas irregularidades. Este caso está en etapa preparatoria dentro de la Fiscalía, donde se evalúa si los hallazgos justifican una acusación formal o una resolución absolutoria. Las denuncias contra Paz incluyen cargos de conducta antieconómica, daño económico al Estado y malversación de fondos, entre otros. La resolución final sobre la existencia de un ilícito y la determinación de responsabilidades recaerá en un tribunal competente
