Antes del juicio que Sebastián Marset deberá enfrentar el próximo año en Estados Unidos, los fiscales federales buscan incorporar al proceso pruebas vinculadas con comunicaciones cifradas y presuntos sobornos pagados por el uruguayo a funcionarios públicos de Sudamérica, en particular de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
La estrategia del Departamento de Justicia quedó reflejada en mociones presentadas esta semana, en las que sostuvo que ese material resulta necesario para que el jurado tenga una visión completa de la supuesta estructura internacional de narcotráfico atribuida a Marset. El juicio, de acuerdo con lo previsto, comenzaría a inicios del próximo año.
Según informó Occrp, los fiscales también indicaron ante el juez de distrito Rossie Alston Jr. que esas pruebas servirían para demostrar que Marset participó en una conspiración destinada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 durante un operativo realizado de madrugada en Santa Cruz, Bolivia, y posteriormente fue expulsado a Estados Unidos con apoyo de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. En un primer momento fue acusado de lavado de dinero, aunque más tarde se sumaron cargos por narcotráfico y narcoterrorismo.
La defensa, por su parte, sostiene que la acusación inicial por lavado de dinero carece de validez porque se apoyó en una sola transferencia bancaria entre Portugal y China que no involucró servidores de un banco estadounidense. Sus abogados afirman además que Marset nunca traficó drogas hacia Estados Unidos y que los grupos narcoterroristas mencionados no estaban designados como tales cuando él habría negociado con ellos.
En sus nuevos documentos, los fiscales describieron al acusado como el jefe de una organización que operaba con extrema violencia. Sostuvieron que dirigía su estructura “de manera despiadada y brutal”, con asesinatos contra quienes se oponían a él o colaboraban con las fuerzas del orden. También afirmaron que no toleraba la intervención de los gobiernos en sus actividades ilícitas y que utilizaba un esquema clásico de sobornos para obligar a las autoridades a someterse a su voluntad.
“En la práctica, esto significaba que el acusado amenazaba, bombardeaba e incluso asesinaba a aquellos miembros de las fuerzas del orden a quienes no podía corromper”, argumentaron.
Uno de los puntos centrales de la presentación fiscal es la solicitud para que el juez admita como evidencia los presuntos casos de soborno en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela. De acuerdo con la acusación, Marset “pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección de las fuerzas del orden”.
Los fiscales añadieron que esos pagos le habrían permitido continuar con actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia policial. También afirmaron que la denuncia incluye la idea de que los sobornos facilitaron el acceso del acusado a archivos sobre narcotráfico de las fuerzas del orden bolivianas, le permitieron evadir operativos de captura y recibir avisos sobre reuniones entre la DEA y funcionarios bolivianos.
Otro de los elementos que el Departamento de Justicia pretende introducir en el juicio son declaraciones de testigos para sustentar la supuesta conspiración de lavado de dinero. Entre ellos figuran un co-conspirador no imputado y un agente encubierto, quienes habrían descrito cómo se movieron fondos desde Europa hacia Sudamérica.
Además, los fiscales buscan que se admitan mensajes cifrados enviados desde y hacia Marset a través de teléfonos asociados a la red Sky ECC. Una investigación de Occrp y sus socios en 2024 mostró cómo estos dispositivos, de una empresa canadiense con servidores en Francia, eran utilizados con frecuencia por organizaciones criminales en Serbia, Latinoamérica y otras regiones.
La validez de esas comunicaciones cifradas ante los tribunales sigue siendo objeto de disputas legales en distintas jurisdicciones. En el caso de Marset, los fiscales aseguraron haber identificado 12 números de identificación personal vinculados a presuntos integrantes de la conspiración. Sostuvieron que tres de ellos pertenecían al propio Marset y contenían mensajes e imágenes con sus tatuajes, su familia y otros elementos de identificación.
En la documentación relacionada con Sky, la fiscalía también señaló que “el acusado envió por mensaje de texto una fotografía de la persona que asesinó, y el gobierno cuenta con pruebas independientes de que el acusado fue el responsable del asesinato”.
La defensa respondió con una moción para excluir del jurado cualquier referencia a delitos violentos que no encajen en la definición de narcoterrorismo
