La Fiscalía de La Paz ha iniciado cuatro investigaciones penales contra nueve miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) detenidos durante los enfrentamientos ocurridos en el centro de la ciudad, específicamente en la avenida Mariscal Santa Cruz. Los imputados enfrentan cargos relacionados con daños a bienes públicos, instigación a delinquir y destrozos ocasionados en el marco de una protesta que derivó en actos violentos.
Según el informe oficial de la Fiscalía General del Estado, los detenidos habrían atacado tanto a personas como a agentes policiales utilizando petardos y objetos contundentes, además de causar daños materiales en diversos puntos del área céntrica, incluso con el empleo de explosivos.
En el primer caso, la fiscal Jenny Benítez señaló que cuatro manifestantes fueron acusados por instigación pública a delinquir, luego de ser identificados promoviendo actos vandálicos y el uso de petardos contra efectivos policiales y transeúntes. Para estos individuos, el Ministerio Público solicitó la imposición de detención domiciliaria.
Un segundo proceso, bajo la responsabilidad del fiscal Aldo Meza, involucra a un manifestante del sector fabril, acusado de instigación pública a delinquir y daño a bienes estatales. Esta persona fue capturada cerca del Obelisco, presuntamente tras causar daños a una motocicleta policial.
En otro caso, el fiscal Miguel Cardozo indicó que dos mineros provenientes de Huanuni fueron arrestados portando petardos, piedras y hondas. Para ellos se plantean medidas sustitutivas a la detención mientras continúan las investigaciones.
Finalmente, un cuarto procedimiento, dirigido por el fiscal Omar Mejillones, involucra a dos personas detenidas por causar daños a jardineras ubicadas en la avenida Mariscal Santa Cruz, denuncia presentada por la Alcaldía de La Paz.
La Fiscalía aclaró que estos incidentes se registraron durante una movilización de la Central Obrera Boliviana que derivó en enfrentamientos con la Policía Boliviana. El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar con las investigaciones dentro de los plazos legales, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y garantizar el respeto al debido proceso
