La Fiscalía de La Paz ha aceptado una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y otras once personas, acusadas de participar como autores y cómplices en un caso de trata de personas. Según el documento judicial admitido a finales de diciembre, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2020, involucrando a una presunta víctima identificada como Noemí Meneses Chávez. De acuerdo con la acusación, la joven habría sido trasladada en múltiples ocasiones por vía aérea a diferentes destinos dentro del país para mantener encuentros íntimos con Morales cuando este ejercía la presidencia.
El caso, registrado bajo el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349, fue presentado en 2020 por Marcelo Alcázar, quien fuera director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). Alcázar denunció haber sido víctima de persecución política y presiones tras iniciar la investigación durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, lo que derivó en su destitución del cargo.
En la denuncia se detalla la supuesta existencia de una organización criminal conformada por exautoridades y funcionarios públicos, cuyo propósito habría sido facilitar la logística, los traslados y el encubrimiento de los encuentros entre Morales y la menor. Se señala que Meneses habría realizado al menos 37 viajes aéreos para reunirse con el expresidente, muchos de los cuales se habrían efectuado sin cumplir con los requisitos legales establecidos para menores de edad.
Además, Alcázar formuló una acusación de estupro contra Morales, basándose en la posibilidad de que el exmandatario haya abusado de una adolescente. En el expediente se menciona que la presunta víctima reconoció ante la Policía una relación con Morales, aunque afirmó que esta comenzó formalmente cuando ella tenía 19 años, en mayo de 2020, es decir, siendo mayor de edad. Sin embargo, el denunciante sostiene que esta declaración no invalida los hechos previos ni los cargos relacionados con la trata y el tráfico de personas que deben ser investigados.
La denuncia solicita que Morales y los demás implicados sean procesados y sancionados con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, conforme a la legislación penal vigente en Bolivia para estos delitos.
Entre los señalados como cómplices, el memorial incluye a Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), así como a otras diez personas que presuntamente facilitaron el traslado de la menor desde Cochabamba a diferentes departamentos. En la lista también figuran funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados a diversas instituciones estatales.
Se mencionan específicamente a Rodolfo Castro, exfuncionario de Mi Teleférico; Luis Hernán Soliz Morales, asistente personal del expresidente en 2020, dependiente del Ministerio de la Presidencia; y servidores públicos relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud. También destaca el nombre de Carla Lorena Sandy, abogada que ha ocupado cargos durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), incluyendo el de viceministra de Igualdad de Oportunidades y directora de unidad en el Ministerio de Educación. Actualmente, según la denuncia, se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde ha impulsado iniciativas como la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”.
En relación con Ronald Casso, la denuncia recuerda su gestión como gerente de BoA durante los mandatos de Morales y Luis Arce, y señala que su hermano, ex coronel de la Policía, fue asesor del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Esto, a juicio del denunciante, reforzaría la hipótesis de una red de influencias que habría facilitado los traslados ilegales.
Finalmente, se indica que allegados al expresidente habrían comprado los pasajes para Meneses y, con apoyo interno, habrían eludido los protocolos de seguridad. La denuncia destaca que ni BoA ni las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz solicitaron los permisos requeridos para los viajes de la menor
