En lo que va del año, Bolivia ha enfrentado una alarmante ola de feminicidios, con al menos 28 mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. La Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que la mayor parte de estos crímenes se concentra en el departamento de La Paz, donde se han reportado 13 casos. Otros departamentos que también han visto un aumento en esta trágica estadística son Santa Cruz y Oruro, cada uno con cuatro feminicidios confirmados.
El caso más reciente, según el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, involucra a una mujer de 46 años que fue hallada muerta con múltiples heridas causadas por un arma blanca. Se sospecha que su pareja fue el autor del crimen. En la misma escena del crimen, las autoridades encontraron al hombre con síntomas que sugieren la ingesta de sustancias venenosas, por lo que fue trasladado a un centro médico para recibir atención.
Desde la implementación en 2013 de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, conocida como ley 348, los casos de feminicidio están penados con hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto. Esta es la sanción más severa estipulada en el ámbito legal boliviano para este tipo de crímenes. Sin embargo, diversas organizaciones feministas han denunciado que la aplicación efectiva de esta ley se ve obstaculizada por múltiples factores, entre los cuales destacan la insuficiencia de recursos económicos y la falta de personal capacitado para abordar adecuadamente estos casos.
A pesar del marco legal existente, en 2024 se presentó una propuesta por parte de un grupo de legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes argumentaron que la ley era antihombres. Esta iniciativa fue rechazada enérgicamente por activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes advirtieron sobre una creciente campaña de desinformación y desprestigio orquestada por sectores conservadores contra la ley 348.
En el año pasado, Bolivia registró un total preocupante de 81 feminicidios, además de 29 infanticidios y más de 46 mil delitos vinculados a la Ley 348. Estas cifras reflejan un contexto crítico en el cual las mujeres continúan enfrentando altos niveles de violencia y discriminación. La situación exige una respuesta contundente tanto del Estado como de la sociedad civil para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres en el país.
