El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes el acuerdo de financiamiento para Bolivia por aproximadamente 1.900 millones de dólares, al mismo tiempo que autorizó un desembolso inmediato de 214 millones, con lo que el programa económico negociado desde mediados de año entra ya en su fase de ejecución.
El apoyo se canalizará mediante el Servicio Ampliado del Fondo y tendrá una duración de 36 meses. A diferencia del primer giro, el resto de los recursos no será entregado de una sola vez, sino de manera escalonada y sujeta al cumplimiento de las metas del programa y a las revisiones periódicas que realice el organismo internacional.
La decisión del Directorio cierra un proceso que se hizo público el 29 de julio, cuando el Gobierno y el personal técnico del FMI alcanzaron un acuerdo preliminar por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes en ese momento a unos 1.900 millones de dólares. Esa cifra representa el 570% de la cuota de Bolivia ante el organismo.
Antes de llegar a la aprobación final, el acuerdo pasó por la Asamblea Legislativa. La Cámara de Diputados lo sancionó el 17 de septiembre con más de dos tercios de respaldo, y al día siguiente el Senado completó el trámite con una votación también superior a esa mayoría, antes de su remisión al Ejecutivo.
El programa aprobado busca restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, fortalecer el sistema financiero y proteger a los sectores más vulnerables. Además, apunta a generar condiciones para un crecimiento con mayor participación de la inversión privada.
Uno de los ejes centrales está en el frente fiscal. El FMI plantea llevar la deuda pública a una trayectoria descendente mediante una mayor eficiencia del gasto, la atención de obligaciones pendientes, reformas en las empresas públicas y el fortalecimiento de las instituciones fiscales.
El componente de mayor impacto será el relacionado con los combustibles. El acuerdo prevé la eliminación gradual de los subsidios restantes a través de un mecanismo automático de fijación de precios, acompañado por medidas de protección social mejor focalizadas para amortiguar los efectos sobre los hogares de menores ingresos.
Bolivia ya empezó a modificar parcialmente el esquema de subvenciones. En agosto, mediante el Decreto Supremo 5676, el Gobierno fijó en 18 bolivianos el litro de diésel para grandes consumidores, mientras mantuvo en 9,80 bolivianos el precio para vehículos particulares y para el transporte que carga directamente en las estaciones de servicio.
Sin embargo, el programa aprobado este viernes va más allá de esa medida y proyecta avanzar gradualmente hacia un nuevo mecanismo de precios para los subsidios que todavía permanecen.
Otro de los cambios de fondo está vinculado con el dólar. El FMI respalda una transición hacia un régimen de tipo de cambio determinado por el mercado, junto con el abandono del financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central de Bolivia y el tránsito hacia metas de base monetaria.
La estrategia también contempla una administración prudente de la liquidez, la acumulación de reservas internacionales y la intervención cambiaria solo en casos de desorden del mercado. Además, el organismo plantea fortalecer la autonomía, la gobernanza y la rendición de cuentas del Banco Central. El acuerdo técnico alcanzado en julio ya había establecido como compromiso mantener en cero el financiamiento monetario del déficit fiscal.
En el plano estructural, el programa incorpora reformas orientadas a mejorar el clima de negocios, reducir distorsiones en los mercados, fortalecer la gobernanza, atraer inversión privada y promover la generación de empleo formal.
Tras la reunión del Directorio, Nigel Clarke, director gerente adjunto del FMI y presidente interino de la sesión, destacó las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas durante el último año para enfrentar desequilibrios acumulados. También advirtió que el resultado del programa dependerá de una aplicación sostenida de las reformas, una adecuada planificación frente a contingencias y el respaldo de otros organismos multilaterales.
Uno de los objetivos del acuerdo es precisamente abrir la puerta a nuevos recursos externos. Cuando se alcanzó el entendimiento técnico en julio, el FMI calculó que su participación podría ayudar a movilizar un paquete más amplio de financiamiento de al menos 5.000 millones de dólares durante los tres años del programa, incluyendo recursos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios.
Después de la aprobación definitiva, el Ministerio de Economía señaló que el organismo estima que el acuerdo podría movilizar aproximadamente 4.000 millones adicionales provenientes de otras instituciones financieras internacionales.
Ese esquema forma parte de una estrategia más amplia de financ
