El Ministerio Público ha formalizado la admisión de una denuncia por presunta corrupción en la administración del Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional (FRFPR). Esta acción legal fue interpuesta el 24 de octubre en Villa Montes, impulsada por declaraciones previas del alcalde de la localidad que apuntaban a irregularidades en el manejo de dicho fondo. Los hechos cuestionados habrían ocurrido durante gestiones políticas anteriores y se asocian a una tasa de morosidad que supera el 20% únicamente en el municipio de Villa Montes.
La denuncia busca esclarecer los supuestos actos de corrupción que, según se ha señalado, no habían sido presentados formalmente ante el Ministerio Público, a pesar de haber sido mencionados en medios de comunicación por el secretario del Fondo y el propio alcalde de Villa Montes. El objetivo principal de esta iniciativa legal es que las autoridades competentes determinen y asignen las responsabilidades correspondientes, dejando que la investigación establezca a los culpables sin señalamientos anticipados.
El Fondo Rotatorio fue concebido para impulsar el sector productivo regional, constituyéndose con aportes del 10% de los recursos municipales de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes a lo largo de una década. Sin embargo, en la gestión actual han salido a la luz reportes sobre préstamos que se presumen irregulares, lo que ha derivado en una elevada dificultad para la recuperación de los créditos otorgados.
Entre las observaciones más destacadas se encuentra un préstamo de 3.9 millones de bolivianos concedido a un empresario hotelero, a pesar de que la normativa del Fondo Rotatorio estipula que los beneficiarios deben pertenecer al sector productivo. Adicionalmente, se menciona a una veintena de individuos, supuestamente vinculados familiarmente a una exautoridad política, quienes también habrían recibido créditos que, hasta la fecha, no han sido devueltos. Esta situación ha sido calificada como alarmante, sugiriendo la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos o conductas antieconómicas en administraciones pasadas.
El proceso judicial se encuentra en su fase preliminar, con la denuncia ya admitida por un juez. Actualmente, se están llevando a cabo las diligencias investigativas. Para casos de esta complejidad, se estima un plazo de aproximadamente 60 días para la investigación, y se espera que antes de la conclusión de este periodo se pueda formalizar una imputación. La denuncia también incluye a funcionarios del Banco Unión, quienes podrían estar implicados por omisión o por irregularidades en el proceso de asignación de créditos.
La motivación detrás de esta acción legal surge de una profunda indignación ciudadana ante la percibida inacción formal por parte de la autoridad municipal. Existe la preocupación de que el Fondo Rotatorio pueda seguir un destino similar al de otros fondos que han sido objeto de escándalos, enfatizando la necesidad de llevar las acusaciones a las instancias legales pertinentes y no limitarlas a la difusión mediática. El caso continúa bajo investigación y podría culminar en imputaciones formales en las próximas semanas
