Los datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestran que la eliminación de la subvención al diésel no impactará a la mayor parte del transporte público del país, ya que el 80,3% del parque automotor del servicio público utiliza gasolina, gas natural vehicular (GNV) o ambos combustibles.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de la Presidencia, solo dos de cada 10 vehículos de transporte público funcionan exclusivamente con diésel. En total, el servicio público en Bolivia está compuesto por 202.182 vehículos, de los cuales 39.880 usan diésel exclusivo, equivalente al 19,7%; 67.815 funcionan con gasolina exclusiva, que representa el 33,5%; 29.290 emplean GNV exclusivo, con una participación del 14,5%; y 65.197 operan con GNV y gasolina, lo que corresponde al 32,2%.
Las cifras también indican que casi la mitad del servicio público en el país, un 46,7%, ya utiliza gas natural vehicular, combustible que mantiene su subvención y cuya distribución, según el reporte oficial, no presenta inconvenientes. En ese grupo se incluyen los 29.290 vehículos que trabajan únicamente con GNV y los 65.197 que combinan GNV con gasolina.
La medida de retirar la subvención al diésel fue presentada por el Gobierno como una acción orientada a frenar el contrabando y la corrupción vinculados a la distribución de combustibles, además de reducir el gasto que, según la versión oficial, afectó a Bolivia durante más de dos décadas. En conferencia de prensa, tras la promulgación de la norma, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, sostuvo que durante años el sistema de precios de combustibles mantuvo artificialmente un valor interno con un costo elevado para la sociedad.
El Gobierno también remarcó que la subvención beneficiaba principalmente a sectores de mayores ingresos. Según los datos oficiales, a diciembre de 2025 Bolivia registró un parque automotor de 2.672.176 vehículos, de los cuales 129.148 correspondían al servicio público, equivalentes al 4,8% del total. En contraste, 2.503.680 vehículos particulares, que representan el 93,7% del parque automotor, eran los que aprovechaban el combustible subvencionado.
En esa línea, Aramayo afirmó que el mecanismo tuvo una función económica y social, pero también generó distorsiones crecientes. Añadió que, de acuerdo con informes de distintos organismos internacionales, más del 50% del beneficio del precio diferenciado llegaba a sectores de ingresos altos y apenas cerca del 7% alcanzaba a hogares pobres.
El Ejecutivo sostiene que el fin del subsidio constituye un paso clave para la estabilidad económica del país y que los recursos que antes se destinaban a este gasto, calculado en $us 2.600 millones al año, podrán orientarse a obras como carreteras, hospitales y escuelas.
