El Gobierno boliviano puso en marcha una unidad policial de élite en San Ignacio de Velasco con el objetivo de reforzar de manera permanente el patrullaje y el control en la frontera con Brasil, especialmente en los municipios de San Ignacio de Velasco y San Matías, además de toda la franja limítrofe del departamento de Santa Cruz.
La medida forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y surge como respuesta a los crímenes registrados en los últimos días, así como a la preocupación expresada por la población de la zona. Según la información oficial, la intención es recuperar la tranquilidad en el área mediante resultados concretos en el corto plazo y dejar atrás los operativos temporales que se activan solo después de hechos violentos.
En ese marco, los efectivos que integrarán esta nueva fuerza serán capacitados en el centro Garras del Valor, donde recibirán formación adaptada a las condiciones del terreno y a las particularidades de la frontera. La unidad tendrá una organización distinta a la que se destinará al departamento de Beni y contará con instrucción de especialistas de Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile, de acuerdo con lo señalado por Erbol.
Además, los uniformados que tengan maestrías académicas podrán acceder a programas de especialización de mayor nivel técnico. La iniciativa ya recibió respaldo en reuniones con organismos de cooperación internacional, con el fin de acelerar la implementación del cuerpo táctico.
La estrategia fue acordada directamente con las autoridades locales de San Ignacio de Velasco y apunta a modificar el modelo de intervención estatal en las zonas limítrofes. El ministro Oviedo insistió en que no debe repetirse el esquema de respuesta ocasional ante hechos de violencia para luego retirar a las fuerzas desplegadas. En su criterio, el objetivo es consolidar una presencia continua y articulada.
Este despliegue se enmarca en la política nacional “Fronteras Seguras”, orientada a fortalecer la soberanía y el control del Estado en las áreas fronterizas. Para sostener ese modelo, el Gobierno plantea una coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas, las autoridades locales y la sociedad civil.
Oviedo remarcó, además, que la participación ciudadana resulta clave para combatir el delito y sostener un plan que sea integral, efectivo y duradero. En paralelo, la cartera de Gobierno destacó el trabajo investigativo del Comando Departamental de Santa Cruz, el Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) y las unidades de Inteligencia de la fuerza pública, cuyas labores han permitido avances en el esclarecimiento de los recientes delitos cometidos en la región.
