El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha establecido el 22 de marzo de 2026 como la fecha para la realización de las elecciones de gobernadores, alcaldes y autoridades regionales, tras la aprobación de la ley que autoriza la convocatoria a estos comicios. Ante los retos financieros que enfrenta el país, el presidente Rodrigo Paz ha asegurado que el Gobierno se compromete a proveer los recursos necesarios para llevar adelante el proceso electoral.
El mandatario enfatizó la importancia de cumplir con los plazos establecidos, señalando que la ley debe ser respetada para fortalecer la democracia en el país. En ese sentido, afirmó que se garantizará la realización de las elecciones, pese a las limitaciones económicas actuales.
En comparación con el proceso electoral subnacional de 2021, cuyo presupuesto fue de 198 millones de bolivianos, para los próximos comicios se proyecta un incremento significativo, con una asignación estimada de al menos 300 millones de bolivianos. Este aumento responde a factores como la inflación y el encarecimiento de insumos, según informó el Órgano Electoral.
La normativa aprobada contempla un régimen especial para organizar las elecciones en los nueve departamentos, tomando en cuenta las particularidades de aquellos con estatutos autonómicos vigentes y los que no los poseen. En departamentos como La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, donde no existen estatutos autonómicos vigentes, la ley establece la estructura para la elección de gobernadores y asambleas departamentales, garantizando la participación de pueblos indígenas minoritarios.
Por su parte, en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, los comicios se regirán conforme a sus respectivos estatutos autonómicos y normativas complementarias. Además, la ley incluye disposiciones para las autonomías indígena originario campesinas sin estatuto y asegura que el Ministerio de Economía asigne los recursos necesarios al TSE para la ejecución del proceso electoral.
El proyecto de ley fue aprobado sin mayores dificultades en el Senado, pero en la Cámara de Diputados enfrentó resistencia por parte de la bancada de Libre, lo que retrasó su tratamiento y obligó a remitirlo a comisiones especializadas. Finalmente, tras un extenso debate, la Cámara Baja aprobó la norma y la remitió al Ejecutivo para su promulgación, que se concretó recientemente. La publicación oficial en la gaceta se realizará en las próximas horas.
Respecto a la participación de organizaciones políticas, la ley establece un plazo estricto: solo podrán participar aquellas que cuenten con personería jurídica al menos 90 días antes de la elección. En este marco, varias agrupaciones aún se encuentran en proceso de regularización, lo que podría limitar su participación en los comicios.
El calendario electoral, que será divulgado próximamente, contempla la apertura del padrón en diciembre y la presentación de candidaturas antes de que finalice el año. El empadronamiento biométrico se realizará entre la primera y segunda semana de diciembre, permitiendo la inscripción de ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de la elección, así como de personas que estuvieron inhabilitadas en procesos anteriores.
La presentación de alianzas y candidatos está prevista para la tercera y cuarta semana de diciembre, seguida por el inicio inmediato de la propaganda electoral. El sorteo de jurados electorales se llevará a cabo el 22 de febrero, un mes antes de las votaciones.
El proceso electoral abarcará más de 300 municipios a nivel nacional, con la elección de más de 5.000 autoridades. En la mayoría de los departamentos, los votantes emitirán al menos dos papeletas: una para autoridades departamentales y otra para municipales. En algunas regiones, como Tarija, se añadirá una papeleta adicional para elegir autoridades del Chaco, mientras que en Beni también se elegirán corregidores y subgobernadores.
Para garantizar la eficiencia y seguridad del proceso, el TSE utilizará nuevamente el sistema Sirepre en más de 300 municipios, replicando la tecnología empleada en elecciones anteriores. La institución electoral trabaja con el objetivo de ofrecer un proceso transparente y con todas las garantías.
A pesar de los desafíos presupuestarios que enfrenta la administración actual, el presidente Paz reafirmó que la estabilidad democrática es una prioridad nacional. En sus palabras, la realización de las elecciones será asegurada, incluso si ello implica superar dificultades financieras, ya que la democracia y el cumplimiento de la ley deben prevalecer
