El Gobierno declaró la Situación de Emergencia Nacional ante los efectos de la sequía que ya golpea a 114.048 familias en 63 municipios de seis departamentos del país, con impactos directos sobre la producción agropecuaria, los medios de subsistencia y las condiciones de vida de miles de personas. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo 5759, firmado por el presidente Rodrigo Paz, en un contexto de preocupación también por los riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.
La decisión fue explicada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien sostuvo que la declaratoria responde a una realidad que ya está generando consecuencias concretas y a la necesidad de anticiparse a posibles eventos climáticos adversos en los próximos meses. Según los datos oficiales correspondientes al periodo del 1 de junio al 29 de octubre de 2026, de las 114.048 familias registradas, 78.217 están afectadas y 35.831 damnificadas.
El reporte gubernamental también da cuenta de 1.486 comunidades impactadas, además de 167.511 hectáreas afectadas, de las cuales 60.106 figuran como perdidas. A ello se suma la pérdida de 75.013 cabezas de ganado, en un escenario que evidencia la magnitud del daño sobre la actividad productiva y la economía de numerosas familias.
Justiniano explicó que la escasez de lluvias en distintas regiones del país no solo compromete el acceso al agua para el consumo humano, sino también el trabajo agrícola y ganadero del que dependen miles de hogares. En ese sentido, señaló que las 78.217 familias afectadas enfrentan perjuicios en sus actividades y condiciones de vida, mientras que las 35.831 damnificadas ya sufrieron pérdidas directas en cultivos, animales o medios de subsistencia.
La autoridad advirtió además que el panorama podría complicarse. Mientras el Altiplano, los Valles y el Chaco continúan expuestos a condiciones de sequía, los pronósticos contemplan también riesgos de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes vinculados a El Niño.
El ministro insistió en que estos escenarios no significan que todos los desastres vayan a ocurrir necesariamente, sino que funcionan como advertencias para organizar acciones preventivas. En su criterio, el país debe prepararse tanto para la persistencia de la falta de lluvias en algunas zonas como para eventuales lluvias intensas y desbordes en otras.
La declaratoria fue recomendada por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade), mediante la Resolución 014/2026, del 30 de octubre. El Decreto Supremo 5759 establece como objetivo proteger la vida, la salud y los medios de vida de la población boliviana, además de fortalecer la preparación, la respuesta y la recuperación frente a la emergencia.
Justiniano remarcó que la atención no recaerá únicamente en su ministerio, sino que deberá asumirse como una tarea conjunta entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. Según explicó, cada cartera de Estado deberá aportar desde sus competencias, mientras Defensa Civil coordinará la gestión de riesgos y las acciones de respuesta, con apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario.
El ministro también informó que se trabaja en mecanismos de financiamiento para disponer de mayores recursos destinados a enfrentar la emergencia, aunque ese proceso todavía debe completar los procedimientos correspondientes. En paralelo, dijo que las tareas inmediatas incluyen la identificación de las comunidades con mayor riesgo, la actualización de los planes de contingencia, la organización de las capacidades disponibles y la preparación de la ayuda que pudiera requerir la población.
“La emergencia nacional no debe quedarse en un decreto firmado. Tiene que convertirse en prevención, coordinación, recursos y ayuda efectiva”, afirmó Justiniano, al remarcar que la intención del Gobierno es anticiparse a los efectos de los eventos climáticos y garantizar una respuesta más rápida y coordinada para proteger a las familias bolivianas.
