El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) presentó esta tarde cuatro propuestas normativas que, de acuerdo con el Gobierno, buscan establecer el marco legal para reforzar la seguridad y la defensa del país frente a amenazas vinculadas con el crimen organizado.
Entre los anteproyectos aprobados se encuentran la ley de seguridad y defensa, la norma de inteligencia del propio Cosdep y la regulación sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, además de una cuarta propuesta orientada a enfrentar de manera excepcional amenazas graves como el narcoterrorismo. Las iniciativas fueron dadas a conocer luego de que el organismo fuera relanzado por el actual Gobierno en septiembre de este año, ocasión en la que fue designado el general Germán Rodrigo Mendizábal como secretario permanente.
Durante la presentación, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que el crimen organizado se mueve al margen de la legalidad y puede recurrir a recursos de origen ilícito en distintas actividades, no solo vinculadas al narcotráfico, sino también a otras formas de producción ilegal. En ese contexto, afirmó que Bolivia forma parte de un esfuerzo regional de seguridad al que se refirió como un “escudo de las Américas”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que las cuatro propuestas cumplen funciones diferenciadas dentro de una misma estrategia. Señaló que la primera establece el marco general de seguridad y defensa; la segunda fortalece la coordinación estratégica del Estado a través del Cosdep; la tercera apunta al sistema de inteligencia para anticipar amenazas; y la cuarta incorpora una herramienta excepcional para responder a riesgos graves asociados al crimen organizado transnacional y al narcoterrorismo.
Justiniano remarcó que las organizaciones criminales no operan únicamente en el traslado de droga, sino que también cuentan con logística, financiamiento, armamento, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia. Por ello, sostuvo que la respuesta estatal debe adaptarse a esa complejidad y avanzar hacia un esquema con mayor inteligencia, control fronterizo, vigilancia del espacio aéreo y fluvial, protección de infraestructura crítica, mejor coordinación entre instituciones y más cooperación con países vecinos.
En el caso de las Fuerzas Armadas, el ministro precisó que el proyecto plantea una participación excepcional, temporal, complementaria y controlada, dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías.
