Un tribunal de justicia en Cochabamba ha dictado una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto a un hombre de 45 años, Alberto P.C., por el feminicidio de su pareja, Luly M. M. Z., de 35 años. La resolución fue emitida por el Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y Contra la Violencia N.º 1, que determinó la culpabilidad del acusado en este trágico caso.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina Ríos, destacó que el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que evidenciaron la responsabilidad del acusado en el crimen. La condena se cumplirá en el penal de San Roque, ubicado en la ciudad de Sucre. Se ha logrado la pena máxima establecida por ley en defensa de la vida y los derechos de las mujeres, subrayó Tejerina, enfatizando así el compromiso del sistema judicial para abordar con seriedad los casos de violencia de género.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de febrero de 2025, en la comunidad Aguirre. Según los informes, Luly regresó a su hogar y tuvo una discusión con Alberto, que rápidamente escaló a una agresión física. Durante esta confrontación, la mujer fue golpeada repetidamente en el rostro, lo que le causó lesiones fatales; falleció alrededor de las tres de la mañana. El informe forense concluyó que su muerte se debió a una hemoaspiración provocada por las lesiones sufridas durante el ataque.

En el transcurso del juicio oral, el acusado optó por un procedimiento abreviado y admitió su culpabilidad respecto al delito. Durante este proceso, solicitó cumplir su condena en San Roque, lo cual fue considerado por el juez al momento de dictar sentencia.

El impacto del crimen es devastador no solo para la víctima, sino también para sus cuatro hijos—dos adolescentes, un niño y un bebé—quienes han quedado huérfanos tras esta tragedia. Actualmente, estos menores están recibiendo apoyo y seguimiento por parte de las instancias correspondientes para garantizar su bienestar.

Las autoridades han reiterado su compromiso en sancionar con severidad los actos violentos contra las mujeres, reafirmando así su postura firme en la lucha contra este tipo de delitos en Bolivia.

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