El Ministerio Público y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) afinan los últimos procedimientos para la entrega de los restos humanos de las víctimas de las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha, en un proceso que marca el cierre de una etapa dolorosa para las familias afectadas.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, junto con una comisión del Ministerio Público, se trasladó hasta la morgue del Hospital de Clínicas, donde sostuvo una reunión con los familiares antes de concretar la entrega de los restos. La presencia de las autoridades se dio en el marco de las diligencias previas a la restitución de los cuerpos identificados.
Tras las explosiones, en la morgue judicial permanecían 48 bolsas con restos humanos que inicialmente no habían podido ser identificados. Para establecer la identidad de las víctimas, el IDIF realizó pruebas de ADN, un trabajo que se extendió durante aproximadamente 20 días y que ahora permitirá a las familias recibir finalmente a sus seres queridos.
Mientras avanza ese proceso, las familias damnificadas también esperan respuestas por los daños materiales ocasionados por la tragedia. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, informó que existen viviendas con distintos niveles de afectación y que dos de ellas serán demolidas debido al grave riesgo estructural que presentan. Además, otras siete se encuentran en situación crítica y también serán intervenidas.
Ugarte explicó que los vecinos aguardan poder regresar cuanto antes a sus hogares. “Ellos están esperando que volver a sus casas inmediatamente. Hoy día por ejemplo están en un área común, ellos cocinando y me pedían no más que todo retornar a sus casas”, señaló.
Las demoliciones de las dos viviendas están previstas para este lunes. En total, 316 viviendas resultaron afectadas por las explosiones, que dejaron 14 personas fallecidas.
