Habitantes indígenas de Pando dieron un ultimátum para que las cooperativas mineras retiren sus dragas del río Madre de Dios hasta el 30 de septiembre de 2026, ante la falta de respuesta judicial a una demanda presentada en julio de 2025 y la inacción del Gobierno frente a la contaminación que afecta a sus territorios.
La demanda fue impulsada por la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) y el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), que en julio de 2025 presentaron una acción ambiental preventiva ante el Juzgado Agroambiental del Sena con el objetivo de frenar la minería ilegal en 184 kilómetros del río. Sin embargo, hasta ahora no hubo una respuesta que, según las organizaciones, permita detener el avance de la actividad extractiva en la zona.
Carlos Fernández Tuno, dirigente de la Cipoap, advirtió que la paciencia de las comunidades tiene un límite y que la falta de operativos de control puede derivar en conflictos. “Ojalá que no pase nada, pero estamos pidiendo que dejen matar nuestros ríos. Todo está en manos del Estado”, afirmó al reclamar una intervención efectiva de las autoridades.
El reclamo indígena se apoya en una inspección del Tribunal Agroambiental, que corroboró la existencia de daños graves y acumulativos, además de la alteración del cauce y la pérdida de 8.484 hectáreas de bosque. A ello se suman datos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), que registran 203 dragas operando en la zona, de las cuales solo 23 contaban con autorizaciones temporarias.
La preocupación también se centra en la contaminación por mercurio. Un estudio realizado por la UMSA, la Universidad de Cartagena y el Cedib encontró una media de 2,8 ppm de mercurio en cabello en la cuenca del Madre de Dios, cifra superior al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, fijado en 1 ppm. El mismo trabajo reportó registros extremos de hasta 114 ppm en la comunidad El Tigre.
Ante esos resultados, Ruth Alipaz, de Contiocap, alertó sobre indicios del síndrome de Minamata y sostuvo que el uso de mercurio en la minería está afectando de manera directa a los pueblos indígenas. También pidió que el Estado actúe con urgencia y sin esperar más tiempo para realizar estudios médicos y atender la situación sanitaria de las comunidades.
Desde el sector minero, en cambio, se defiende la legalidad de las operaciones. Percy Cárdenas, vicepresidente de Asobal, aseguró que sus actividades cuentan con áreas de trabajo establecidas desde 2008, antes de la Ley Minera, y sostuvo que la actividad genera empleo directo e indirecto. Además, atribuyó la contaminación general del río a la minería ilegal proveniente del Perú.
Lucio Ayala Siripi, del TIM II, remarcó la importancia del río Madre de Dios para la vida cotidiana de las comunidades, al señalar que de sus aguas depende el pescado que alimenta a las familias, la ruta de conexión entre pueblos y el riego de los cultivos.
En paralelo, la senadora por Pando, Carolina Giese, indicó que el 90% de la minería en el TIM II opera al margen de la ley y afirmó que ya realizó gestiones con ministros para que se ejecuten operativos permanentes de control y se tomen en cuenta los estudios que evidencian contaminación por mercurio en los pueblos indígenas.
