Bolivia se prepara para actualizar, después de 13 años, la información oficial sobre su sector agropecuario mediante un nuevo censo que permitirá conocer cómo cambiaron la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas desde 2013. El operativo, que busca ofrecer una base estadística renovada para la toma de decisiones sobre producción y abastecimiento de alimentos, se desarrollará en tres etapas y contempla 45 días de trabajo de campo en cada una.
En entrevista con Parlamento, Jorge Akamine, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), explicó que el levantamiento fue organizado de esa manera para adecuarse a los ciclos del sector y a las condiciones de cada región. El recorrido se hará en el área dispersa, con visitas a las propiedades rurales, y el calendario toma en cuenta factores como las lluvias y las temporadas de actividad agropecuaria, que pueden influir tanto en el acceso a las unidades productivas como en la posibilidad de encontrar a los productores.
Akamine indicó que la primera etapa ya había comenzado en Santa Cruz y Beni, mientras que la siguiente estaba prevista para Tarija, Chuquisaca, Pando y Oruro. Según dijo, el objetivo es renovar una base de información que ya no refleja los cambios de la economía y la producción nacional, y contar con datos que permitan comparar la situación actual con la registrada en 2013. Esa información, señaló, servirá para entender mejor el comportamiento de sectores como el soyero, arrocero, maicero, ganadero y avícola, además de las particularidades productivas de cada departamento.
Durante la entrevista, el director del INE insistió en la necesidad de coordinar el trabajo con gobiernos departamentales y municipales, universidades y organizaciones sociales. “Sin información del productor no hacemos nada”, afirmó al referirse a ese proceso previo. En Tarija, explicó, ya se firmaron convenios con la Gobernación y la universidad para apoyar el operativo, y también convocó a organizaciones campesinas e indígenas que aún no hayan suscrito acuerdos a sumarse al proceso.
El censo prevé contratar empadronadores de los mismos municipios donde se realizará el levantamiento. De acuerdo con Akamine, uno de los requisitos para postular es acreditar residencia en la comunidad, con el fin de que quienes recojan la información conozcan el territorio y generen mayor confianza entre los productores. La estructura de trabajo incluirá supervisión por parte de jefes de brigada y, donde la carga lo requiera, jefes de área y de municipio, además de personal técnico del INE.
La capacitación de los empadronadores durará seis días, y los equipos podrán volver a contactar al productor si necesitan completar o aclarar datos. La boleta será recogida en dispositivos móviles, mediante un formulario digital que guía la secuencia de preguntas y ayuda a evitar inconsistencias. Akamine sostuvo que, en los primeros datos observados en Santa Cruz, las inconsistencias rondaban el 1%, frente a un 20% que, según dijo, se esperaba. Se trata de cifras preliminares mencionadas en la entrevista, sin un informe detallado presentado en ese momento.
El director remarcó que el censo tiene fines estadísticos y de planificación. Recordó que la información no se recoge para cobrar impuestos, determinar derechos de propiedad ni establecer límites, sino para que municipios, gobernaciones y ministerios dispongan de datos actualizados para diseñar políticas públicas. También reconoció que algunos productores temen revelar información y recordó que en el censo de 2013 hubo casos en los que, según su relato, se declaró una producción menor a la real. Para este nuevo operativo, insistió en que la confianza será decisiva para llegar a las distintas zonas y reflejar con precisión la actividad productiva.
“El censo se hace con confianza”, resumió Akamine, al advertir que impedir el ingreso de los equipos dejaría a las propias comunidades sin información útil para planificar su desarrollo productivo. Añadió que el INE proyecta publicar resultados preliminares en el segundo semestre de 2027, aunque pidió al equipo técnico evaluar si es posible adelantar esa entrega en función del avance del operativo y del procesamiento de la información.
En el caso de Tarija, el antecedente más reciente corresponde al Censo Agropecuario 2013, que registró 41.539 unidades de producción agropecuaria. De ellas, 41.074 tenían o trabajaban parcelas o tierras, con una superficie total de 1.350.077,1 hectáreas. Ese universo representaba el 4,8%
