La imagen de cuatro mineros saliendo desde el fondo de un socavón, empujando con esfuerzo un carro cargado de rocas grises sobre los rieles hasta descargarlo en el desmonte, podría parecer una escena propia de Oruro o Potosí. Sin embargo, ocurre en Nor Yungas, en el departamento de La Paz, donde el paisaje de bosques húmedos, vegetación espesa y clima benigno convive ahora con árboles podados, material removido y el fuerte olor a copajira, el agua contaminada que deja la explotación de oro en las riberas de los ríos y en las entrañas de los cerros.
En ese escenario trabaja la Cooperativa minera Exaltación 13 Curvas SRL, una de las 40 cooperativas auríferas legalmente constituidas en Nor Yungas que obtuvo cuadrículas y permisos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para explotar el metal precioso, tanto a cielo abierto como mediante minería de socavón. Su actividad fue interrumpida por una inspección por denuncia realizada por una comisión integrada por funcionarios de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Coroico, técnicos de la Gobernación de La Paz, del Ministerio de Minería y un dirigente de los campesinos de Nor Yungas. La verificación sorpresa contó con el acompañamiento de EL DEBER.
La intervención respondió a varias denuncias de pobladores de la región y de operarios de otras cooperativas mineras, que alertaron sobre una presunta contaminación y degradación de suelos y fuentes hídricas, con afectación a sembradíos y a la crianza de animales. Durante la inspección, el dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas de Nor Yungas, Martín Cárdenas, sostuvo que los controles llegarán a todas las cooperativas de la zona y pidió que operen dentro de la legalidad para que existan regalías para la Gobernación y el municipio.
La reacción inicial de los mineros fue de molestia ante las acusaciones. Aseguraron que cuentan con permisos ambientales para operar y que mantienen un acuerdo con Soracachi, la comunidad más cercana a sus labores. Desde la comitiva, una funcionaria de Minería aclaró que la visita no tenía como objetivo paralizar las actividades, sino verificar el cumplimiento de las normas ambientales y la existencia de implementos de seguridad para el trabajo.
Tras la intervención, parte de los trabajadores se apartó para descansar y masticar coca cerca de la mina, mientras otro grupo permaneció en uno de los socavones oscuros a la espera de retomar la faena. Uno de ellos afirmó que recién estaban trabajando, y al ser consultado sobre el tiempo de operación, respondió que sería de unos seis meses. Otro minero, consultado sobre su procedencia, indicó que no era de Coroico, sino de la ciudad de La Paz, como ocurre con una parte importante de los jornaleros que llegan a estas labores.
La inspección también permitió observar el llamado “polvorín”, el sector donde la cooperativa guarda explosivos. Según el informe elaborado por las tres instancias de gobierno que participaron en la verificación, en la operación se identifica el desmonte cercano al socavón, afectación a fuentes hídricas por el material extraído, falta de manejo de residuos sólidos y otros puntos observados.
La preocupación por el avance de la minería aurífera no es nueva en Coroico. Las autoridades y vecinos reconocen que la fiebre del oro es difícil de frenar, pero rechazan que la actividad se realice al margen del cuidado ambiental. Por eso, el municipio declaró mediante ley dos regiones como áreas protegidas: Río Negro, vinculada con 13 comunidades y fuente de abastecimiento de agua para el área urbana de Coroico, y Chuñuma, donde los ojos de agua suministran agua a 10 comunidades. La directora de Medioambiente del municipio, Ana Canaza, explicó además que se trabaja en una nueva norma para declarar área protegida la serranía de Uchumachi.
El exdirigente campesino y productor de la comunidad Vagantes, Sabino Mendoza, advirtió que la presencia masiva de mineros debilita al municipio y abre el riesgo de que las leyes de protección del agua sean abrogadas. A su juicio, el problema central es evitar la destrucción de los ojos de agua, por lo que planteó que el Gobierno central intervenga para resguardar estas reservas acuíferas.
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