Unas 600 familias en el municipio de Tipuani enfrentan graves dificultades tras las recientes inundaciones, situación que se agrava por la escasez de diésel necesario para operar las bombas de drenaje encargadas de evacuar las aguas estancadas. Estas aguas residuales representan un foco de contagio para diversas enfermedades entre los afectados.
Según autoridades locales, la ayuda proveniente tanto del Gobierno central como de la Alcaldía aún no ha llegado a la zona. Algunas cooperativas mineras, como Germán Bush y Litoral, han brindado asistencia, pero su apoyo resulta insuficiente ante la falta del combustible indispensable para el funcionamiento de los equipos de bombeo.
El incremento del nivel del lecho del río Tipuani, que actualmente supera en aproximadamente 10 metros el nivel de la cabecera municipal, se atribuye a las prácticas irresponsables de ciertos cooperativistas auríferos. Estos no cumplen con la reposición de suelos y depositan residuos de desmontes en el cauce del río, lo que ha provocado un cambio en el curso del agua y ha contribuido a las inundaciones recurrentes durante periodos de lluvia intensa.
Desde el jueves pasado, en la localidad de La Rinconada se han derrumbado al menos 13 viviendas, afectando a unas 150 familias que han perdido sus pertenencias. En la cabecera municipal, la crecida alcanzó barrios como Lindo, Central, Satélite y Costanera, que comprenden cerca del 40% del área urbana, con el agua llegando hasta un metro de altura en la plaza principal. Se estima que alrededor de 450 familias resultaron afectadas en esta zona, cifra similar a la registrada en eventos anteriores durante los primeros meses del año.
Intentos por obtener información oficial de la Alcaldía han sido infructuosos, ya que el alcalde se ha negado a proporcionar datos precisos sobre la magnitud del desastre y la cantidad de damnificados, pese a las reiteradas solicitudes de medios locales. Esta falta de transparencia no es nueva, dado que durante la prolongada inundación que se extendió desde diciembre hasta junio recientes, tampoco se ofrecieron detalles claros sobre los daños y la distribución de recursos destinados a la emergencia.
En medio de esta crisis, la comunidad señala que las disputas internas entre el alcalde y el Concejo Municipal han entorpecido la gestión y la implementación de soluciones estructurales necesarias para mitigar el impacto de las inundaciones. Aunque se han entregado algunas ayudas, estas resultan insuficientes para las familias que han perdido sus hogares, algunas en múltiples ocasiones desde 2018.
Además, se ha informado sobre la llegada anunciada de siete toneladas de ayuda humanitaria, aunque su procedencia y entrega efectiva permanecen inciertas, en parte debido a las condiciones climáticas adversas que dificultan el acceso a la zona.
Otro problema que afecta a los residentes es la falta de un puente de acceso desde febrero, lo que ha obligado a utilizar pontones para el cruce de vehículos y personas. Esta situación ha incrementado los costos de los productos básicos, generando mayor presión económica sobre las familias afectadas.
Los habitantes también denuncian que la intensificación de la actividad minera, con maquinaria pesada operada en gran medida por cooperativas controladas por ciudadanos extranjeros, ha provocado desmontes extensos y descontrolados. Los residuos de estas operaciones han alterado el cauce del río, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad de las áreas pobladas del municipio, incrementando así la vulnerabilidad ante futuras inundaciones
