Un fusil AR-15 fue secuestrado este martes 13 de octubre durante el allanamiento a la vivienda del fiscal Sergio Riofrío, en la capital cruceña, en el marco de una investigación que busca establecer si el arma guarda relación con las balaceras registradas en San Ignacio de Velasco durante agosto y septiembre.
El operativo no encontró al fiscal en el inmueble, pero sí derivó en la incautación del armamento, cuyo origen y situación legal ahora son parte de las indagaciones. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, coronel Dimar Caprirolo, confirmó que el fusil habría sido entregado a Riofrío mediante una resolución u orden judicial solicitada el año pasado por motivos de seguridad. Según explicó, se trataría de un arma vinculada a un caso anterior en el que el propio fiscal habría pedido autorización para su resguardo personal.
Caprirolo señaló además que el arma permanece secuestrada en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde quedó bajo custodia con fines investigativos. Al mismo tiempo, aclaró que no tenía a mano las características técnicas exactas del fusil al momento de brindar la información.
La intervención moviliza a la Felcn y a la Felcc, que trabajan de manera coordinada para esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar si existe alguna conexión entre el arma y los hechos violentos ocurridos en San Ignacio de Velasco. Riofrío estuvo a cargo de las investigaciones por las balaceras registradas en esa zona, lo que añade relevancia al caso.
En paralelo, la fiscal interina departamental, Mabel Andrade, informó que solicitó informes oficiales para conocer con precisión lo ocurrido. Dijo que, por ahora, no cuenta con documentación oficial sobre el hallazgo, aunque ya pidió los reportes correspondientes para establecer las circunstancias del caso y definir las actuaciones que puedan derivarse de esa revisión.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el fusil fue utilizado en las balaceras ni tampoco si la autorización judicial que habría permitido su tenencia sigue vigente. La investigación continúa abierta, mientras las autoridades esperan consolidar los informes que permitan aclarar tanto el origen del armamento como su eventual vínculo con los hechos bajo análisis.
