El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, exigió públicamente una explicación sobre la orden de aprehensión emitida en su contra, luego de ser declarado en rebeldía por no presentarse a la audiencia dentro del proceso por presunta malversación. La exautoridad cuestionó además el sustento legal de la determinación judicial y pidió que se aclaren las razones por las que se adelantó la audiencia, que inicialmente estaba fijada para el 9 de noviembre.
El Ministerio Público busca su detención preventiva en el marco de una investigación por el presunto desvío de Bs 191 millones, recursos que, según la acusación, estaban destinados a 17 obras municipales. A través de un comunicado, Fernández sostuvo que en este caso percibe una presión política atribuida al actual alcalde, Manuel Saavedra, y a funcionarios municipales, situación que —según su versión— podría estar influyendo en decisiones que afectan su libertad personal.
De acuerdo con el exalcalde, la audiencia fue adelantada mediante un decreto de oficio, pese a que ya existía una notificación para noviembre. En ese contexto, afirmó que la secuencia de decisiones no es un asunto menor, debido a que derivó en una orden de aprehensión y abrió, a su juicio, serios cuestionamientos que deben ser respondidos con fundamentos jurídicos claros, transparencia y respeto estricto al procedimiento. También señaló que una notificación no basta por sí sola y que debe existir una oportunidad real y efectiva para comparecer, ejercer la defensa y ser escuchado.
Fernández manifestó además su preocupación por una eventual aprehensión en el marco de la audiencia cautelar y advirtió que no se estaría garantizando la imparcialidad que exige la función judicial. En su comunicado, sostuvo que una jueza debe actuar con independencia, objetividad e imparcialidad, y afirmó que existe un “riesgo inminente” para su libertad personal y para el ejercicio pleno de sus derechos procesales. “No pido privilegios ni un trato especial: exijo que se cumpla la ley y que se respeten las garantías que corresponden a toda persona”, expresó.
En ese mismo mensaje, solicitó públicamente que se expliquen y fundamenten las razones del cambio de fecha, la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión librado en su contra. Según dijo, el proceso debe desarrollarse con apego a las garantías y sin afectar su derecho a la defensa.
Tras conocerse la orden de aprehensión, la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, presentó una carta en la Dirección Departamental de Migración para pedir que se adopten todas las medidas necesarias con el fin de evitar una posible salida del país de la exautoridad. Nayar, junto con legisladores cruceños, recordó que existe una norma nacional que prohíbe a cualquier exautoridad abandonar el país sin que hayan transcurrido seis meses, y afirmó que nadie puede quedar impune si decidió jugar con los recursos económicos de Santa Cruz.
La audiencia contra Fernández se desarrolló este martes en el marco del caso malversación. La actual gestión municipal lo acusa de una presunta malversación de Bs 191 millones destinados a 17 obras municipales que, según el director municipal de Asuntos Jurídicos, José Luis Coplot, no se realizaron. Ante su inasistencia y al no justificarla, el Ministerio Público lo declaró en rebeldía y emitió la orden de aprehensión.
Luego de esa determinación, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen recorrió algunos puntos, entre ellos el domicilio del exalcalde y una clínica privada, con el objetivo de hacer efectiva la orden.
