Johnny Torres pide al presidente Paz acelerar redistribución de fondos para municipios y gobernación

En el contexto de las recientes elecciones subnacionales, el alcalde reelecto de Tarija, Johnny Torres, ha enfatizado la necesidad urgente de establecer un pacto fiscal que contemple una distribución equitativa de los recursos, bajo un modelo 50/50 entre el gobierno central y las entidades subnacionales. Durante una declaración pública, Torres subrayó que esta redistribución de fondos es crucial para el desarrollo de proyectos en la región.

El alcalde hizo referencia a las palabras del presidente Rodrigo Paz, quien afirmó el 15 de abril, en el marco de la efeméride departamental, su compromiso de avanzar en esta cuestión. Torres instó al mandatario a actuar con prontitud, recordando que en los últimos cinco años no se ha concretado ningún proyecto conjunto con la Gobernación debido a la falta de recursos económicos.

Además, Torres sugirió que la gobernadora electa, María René Soruco, junto con los alcaldes de los once municipios del departamento, debe convocar a una reunión para establecer un plan que permita gestionar adecuadamente las responsabilidades tanto a nivel gubernamental como municipal. Esta colaboración se vuelve esencial ante la escasez de fondos disponibles para llevar a cabo proyectos conjuntos.

Por su parte, el gobernador saliente, Óscar Montes, expresó su disposición para facilitar una transición fluida hacia la nueva administración. Montes ha invitado a la comisión designada por Soruco a conocer la situación administrativa y financiera actual de la Gobernación. En sus declaraciones, Montes destacó que deja una entidad ordenada y operativa. Recordó que cuando asumió el cargo se encontró con una gobernación cerrada y desorganizada.

El gobernador saliente también aseguró que las finanzas están al día y bajo control. Reveló que desde hace varias semanas no se han realizado nuevas contrataciones ni lanzado licitaciones y que la deuda acumulada ha sido significativamente reducida, pasando de más de 3.000 millones a 900 millones de bolivianos. Esta gestión ordenada es presentada como un legado positivo para las futuras administraciones locales.